La organización agraria catalana JARC pide que en las zonas afectadas por los conejos de campo, se indemnice a los agricultores por las cosechas perdidas, mientras no se dan soluciones al problema. También propone que se impulse la figura del cazador profesional y, dada la situación crítica que atraviesan muchos hogares de Cataluña, que se destinen los conejos abatidos al banco de alimentos u otras instituciones sociales de recogida de alimentos.
Las medidas puestas en marcha para controlar la fauna salvaje, en las comarcas del Urgell, Segarra y Noguera, en cultivo de cereal, y los frutales del Segrià han resultado insuficientes para poner fin a los daños que provoca la superpoblación de conejos. Los Servicios Territoriales de Lleida han podido confirmar los daños que provocan más de 50 conejos / km2, en estos territorios.
En las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) como el Canal Segarra-Garrigues con una extensión de 3.000 hectáreas, la situación se agrava por las restricciones que implica. JARC considera que estos reservorios son necesarios pero con los recursos adecuados para gestionar y controlar las poblaciones de fauna salvaje en estas áreas, para mantener el equilibrio natural.»
La entidad hace más de una década que reclama una Ley de Caza para Cataluña, que regule, no sólo la práctica deportiva, sino también la actividad cinegética como medida de control de la fauna, que a partir de determinadas densidades de población, se convierten en plaga, y desequilibran el medio natural, conllevando riesgos sanitarios por la movilidad y causando daños en la agricultura.
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