En julio pasado, una gran parte del sector agrícola y ganadero de Francia, celebró que su Parlamento hubiera aprobado de forma definitiva la ley agraria Duplomb-Menonville, con 316 votos a favor y 223 en contra. El texto, promovido por los senadores Laurent Duplomb (Los Republicanos) y Franck Menonville (Unión de los Demócratas e Independientes), fue impulsada por las principales organizaciones agrarias de Francia, la FNSEA, y Jeunes Agriculteurs, que lo consideraron “un primer paso para relanzar el sistema de producción agrícola”.
Apenas dos meses después de su aprobación, se han recogido más de dos millones de firmas entre la opinión pública francesa para que la ley vuelva a ser debatida en su Asamblea Nacional y se consiga su derogación. Se han recogido más de 4 veces, las firmas mínimas necesarias (500.000) para un debate en la Asamblea Nacional.
La nueva legislación ha generado fuertes divisiones. Además de incluir medidas sobre la construcción de ciertas instalaciones de almacenamiento de agua o sobre simplificaciones administrativas para la autorización ambiental de las instalaciones ganaderas, el punto más polémico es la reintroducción, con carácter excepcional y bajo condiciones, del acetamiprid. Se trata de un fitosanitario, perteneciente a la familia de los neonicotinoides, que está prohibido en Francia desde 2018 pero cuyo uso sigue autorizado en el resto de la Unión Europea hasta 2033.
Los productores de remolacha y avellana son los que principalmente han demandado el acetamiprid, ya que afirman no disponer de alternativas eficaces para combatir las plagas y denuncian competencia desleal respecto a otros países europeos.
La ley establece una reintroducción inmediata del acetamiprid con una cláusula de revisión a los tres años por parte de un consejo de supervisión, que posteriormente evaluará anualmente si se siguen cumpliendo los criterios para su uso.
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