El Parlamento Europeo ha avalado en Estrasburgo solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un dictamen sobre el acuerdo UE-Mercosur, una votación que las organizaciones agrarias interpretan como un reflejo de la división política que genera el texto y como un paso que puede retrasar su ratificación.
La votación del Parlamento Europeo sobre el acuerdo UE-Mercosur se ha leído en el sector como un respaldo a la presión trasladada en las últimas semanas a los grupos políticos y a los eurodiputados, con movilizaciones en Bruselas y Estrasburgo. En ese contexto, varias organizaciones subrayan que el debate ya no se limita al contenido comercial, sino también a dudas sobre el encaje jurídico y el procedimiento seguido.
Un resultado ajustado que, según el sector, confirma la fractura
Copa-Cogeca ha señalado que el resultado evidencia lo divisivo del acuerdo y que los argumentos del campo, centrados en la equidad, han sido asumidos por eurodiputados de distintas sensibilidades nacionales y políticas. La organización europea de agricultores y cooperativas agrarias ha vinculado esta posición al escenario de incertidumbre global y a la idea de que la política comercial no debería premiar estándares más bajos mientras a los productores europeos se les exige más con menos.
Copa-Cogeca ha insistido en que el sector agrario y las cooperativas son de los primeros en sufrir los efectos de la inestabilidad geopolítica y que el comercio debe ser “justo y equilibrado”, coherente con las políticas internas. En su argumentario, el eje es la reciprocidad y la necesidad de evitar que la apertura comercial consolide una competencia basada en menores exigencias productivas.
En la misma línea, ASAJA valora como un “paso fundamental” que el acuerdo se someta a un examen jurídico por el TJUE y lo vincula a un debate de fondo sobre desequilibrios y competencia desleal para el campo europeo, con especial incidencia en el sector español. La organización señala que esta vía permite avanzar en el análisis de un texto que, según su evaluación, tendría impacto económico, productivo y territorial, y pide al Gobierno de España que defienda el principio de reciprocidad y condiciones de competencia justas.
Por su parte, UPA considera que la votación en el Parlamento Europeo incrementa las incertidumbres sobre el tratado comercial con Mercosur y muestra cautela hasta conocer los próximos pasos de la Comisión Europea.
Procedimiento, “cláusulas de salvaguardia” y calendario de movilizaciones
COAG interpreta que el envío al TJUE retrasa la ratificación y lo sitúa como un respaldo político a las reivindicaciones del campo, al considerar que el acuerdo responde a un modelo comercial antiguo, negociado desde 1999, y alejado de las exigencias actuales en materia social, ambiental, sanitaria y de bienestar animal. La organización también remarca que el resultado no cierra el conflicto y anticipa que la Unión Europea podría intentar seguir adelante a la espera de un pronunciamiento jurídico que tardaría uno o dos años.
Unión de Uniones también sitúa la lectura en clave de presión y continuidad de acciones, al señalar que “la movilización funciona” y que mantendrá su agenda de manifestaciones y concentraciones, con el objetivo de seguir influyendo en los próximos pasos políticos del expediente.
UPA ha reclamado al Parlamento Europeo que las medidas de protección que viene reivindicando como las cláusulas de salvaguardia, los controles en frontera y la reciprocidad a la hora de producir y las auditorías en países terceros para verificar que lo que se firma se cumple.
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