La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha confirmado la creación de un nuevo marco normativo que eliminará el canon por el aprovechamiento de pastos en montes públicos. Esta medida, calificada como una reivindicación histórica por COAG Andalucía, se ha anunciado tras una reunión de trabajo entre la consejera Catalina García y el secretario general de la organización agraria, Juan Luis Ávila, celebrada en Sevilla.
El compromiso de la Administración autonómica incluye la búsqueda de una fórmula jurídica para que los ganaderos con licitaciones ya aprobadas no tengan que realizar nuevos trámites y puedan beneficiarse de la gratuidad a partir de este mismo año. Desde la organización agraria han mostrado su satisfacción ante un avance que consideran clave para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones andaluzas y asegurar por ley este derecho a futuro.
Prevención de incendios y gestión del territorio
La eliminación de este coste no solo supondrá un alivio financiero para los ganaderos, sino que se plantea como una herramienta estratégica para la gestión del entorno rural. Según ha destacado la entidad, el pastoreo en montes públicos es una actividad esencial para el mantenimiento del territorio y actúa como una barrera natural en la prevención de incendios forestales, una amenaza creciente tras los graves sucesos registrados recientemente en el resto del país.
Ayudas para el castañar andaluz
Durante el encuentro, la organización ha trasladado también la necesidad de que el castañar andaluz pueda acceder de forma simultánea a las ayudas agrarias y forestales. Esta demanda busca equiparar el tratamiento del castañar al de las dehesas, ya que en ambos tipos de explotaciones concurren aptitudes productivas y ambientales que actualmente se ven limitadas por trabas administrativas.
Para el colectivo, es imprescindible que los castañicultores reciban estos apoyos para compensar los compromisos sociales y ambientales que asumen. La organización insiste en que estas ayudas son fundamentales para el mantenimiento del patrimonio forestal, la continuidad de la actividad económica y la fijación de población en las zonas rurales de la región.
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