“Siempre con la matraca de que la agricultura debe innovar y modernizarse, pero cuando tenemos soluciones técnicas al alcance de la mano, lo que nos ponen son trabas y más papeleo»

La aplicación de fitosanitarios mediante drones sigue estancada en España debido a una normativa que los asimila a la aviación convencional, impidiendo su uso incluso en situaciones de emergencia climática. Ante este bloqueo técnico, Unión de Uniones ha iniciado una ofensiva ante el Ministerio de Agricultura y el Parlamento Europeo para exigir una regulación específica que reconozca estas operaciones como tratamientos a baja altura.
La organización ha mantenido reuniones en Madrid para estudiar vías de autorización excepcional. Mientras tanto, en Bruselas, representantes del colectivo han presentado enmiendas al paquete legislativo “Food and Feed”. El objetivo es modificar la Directiva 2009/128/CE, ya que consideran que las propuestas actuales de la Comisión Europea no resolverán el problema en un horizonte inferior a los cinco años.
Actualmente, el uso de drones para combatir plagas se enfrenta a una prohibición generalizada al ser considerados tratamientos aéreos. Según indica la entidad, esta clasificación impide emplear la tecnología cuando el terreno está inundado o es de difícil acceso, situaciones donde la maquinaria terrestre no puede operar y el tratamiento es urgente.
Un cambio de enfoque regulatorio
La propuesta presentada en Bruselas defiende que los drones no deben tratarse como aviación convencional, sino como aplicaciones de precisión con riesgos similares a los tratamientos terrestres. Este cambio permitiría establecer un régimen basado en el riesgo real de la aplicación y no en una clasificación formal que, a juicio de la organización, genera una sobrerregulación desproporcionada.
Desde la entidad subrayan que no se busca eliminar controles, sino adaptarlos a la realidad técnica del campo. El uso de drones permitiría mejorar la eficiencia y reducir el volumen de productos químicos gracias a su precisión. Sin embargo, lamentan que, pese a las constantes peticiones de innovación para el sector, la burocracia frene soluciones técnicas que ya están disponibles.
Finalmente, el colectivo insiste en que su planteamiento acortaría los tiempos de adopción de la tecnología y flexibilizaría las autorizaciones en casos críticos. Las enmiendas ya han sido remitidas a los grupos del Parlamento Europeo para intentar agilizar un cambio normativo que el sector considera imprescindible para la modernización de las explotaciones.






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