La organización agraria acusa a la entidad de presunta «estafa contractual» al catalogar los siniestros causados por conejos como fallos de nascencia del cultivo, lo que reduce drásticamente las indemnizaciones de los agricultores.
Asaja Castilla-La Mancha acudirá a la Fiscalía para denunciar el método de valoración que Agroseguro aplica a los daños agrícolas provocados por la sobrepoblación de conejos. Según la organización, la entidad encargada de la gestión de los seguros agrarios podría estar incurriendo en una presunta estafa contractual al no reconocer el impacto real de la fauna silvestre y calificar sistemáticamente la desaparición del cultivo como «no nascencia».
Esta reclasificación unilateral de los siniestros, que se produce incluso en peritaciones de abril cuando las plantas ya deberían haber completado su desarrollo inicial, supone un perjuicio económico directo para los asegurados. Desde la asociación apuntan que los productores abonan una prima adicional específica por esta cobertura, por lo que consideran que el servicio resulta ficticio si la voracidad de la especie arrasa los brotes y la aseguradora se desentiende del riesgo asumido en la póliza.
Ante lo que consideran una posición de dominio, los representantes del colectivo agrario lamentan que la única vía de defensa del agricultor sea firmar su desacuerdo con la peritación, una herramienta que no soluciona la merma de rentabilidad. Tras varias reuniones y el envío de informes técnicos a Agroseguro sin obtener un cambio de criterio, la entidad no descarta iniciar acciones judiciales más contundentes y buscar alianzas con otras regiones para elevar el conflicto a la Audiencia Nacional.
El reloj corre para casi medio millar de localidades
Actualmente, 464 municipios castellanomanchegos, el 40 % del territorio de la comunidad, se encuentran amparados bajo la declaración de comarca de emergencia cinegética debido a la proliferación extrema de conejos. En este contexto, la organización ha urgido a la Consejería de Desarrollo Sostenible a publicar de manera inmediata la orden de control poblacional anunciada el pasado mes de marzo, advirtiendo de que su retraso compromite la efectividad de las medidas para la presente campaña agrícola.
Paralelamente, la asociación ampliará el expediente presentado ante la Fiscalía el pasado mes de febrero para incorporar una advertencia formal sobre la amenaza que supone la fauna salvaje para la salud pública. Los responsables autonómicos han incidido en el elevado peligro de transmisión de parásitos y enfermedades zoonóticas derivado del descontrol poblacional, citando como precedente de alerta los retos epidemiológicos que plantea la gestión del jabalí en otras zonas como Cataluña.
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