El Parlamento Europeo ha aprobado un informe que modifica el reglamento de ajuste de derechos de aduana, lo que abre la puerta a la importación de 500.000 t de frutos secos procedentes de Estados Unidos con arancel cero. Ante esta decisión, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha advertido del impacto negativo que la medida podría desencadenar en el mercado nacional, especialmente en el sector de la almendra.
Aunque el reglamento todavía no ha entrado en vigor y su activación dependerá de la evolución de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el país norteamericano, la organización agraria lamenta que las producciones locales vuelvan a ser utilizadas como contrapartida en los acuerdos internacionales.
El colectivo señala que el mercado comunitario ya absorbe grandes cantidades de almendra californiana y alerta de que un nuevo contingente libre de impuestos incrementaría la presión sobre las cotizaciones. En este sentido, recuerdan que Estados Unidos concentra casi el 85% de la producción mundial gracias a sistemas intensivos que operan con costes inferiores, al no estar sujetos a las mismas exigencias medioambientales y sanitarias que rigen en el territorio europeo.
Este escenario de saturación afectaría de forma directa a España, principal productor de almendra de la UE, y a áreas específicas como Cataluña. Según los datos aportados por la entidad, la dependencia exterior del sector es notable, ya que solo en 2024 el mercado español importó almendra estadounidense por un valor superior a los 267 M€.
Reclamación de cláusulas de salvaguarda
Para frenar esta amenaza comercial, JARC ha trasladado la problemática al Departamento de Agricultura de la Generalitat y a la coordinadora estatal COAG con el objetivo de buscar una respuesta comunitaria. La principal exigencia pasa por excluir los frutos secos de este reglamento arancelario o, en su defecto, activar cláusulas de salvaguarda inmediatas para evitar distorsiones graves en la oferta.
Por último, la organización reclama el mantenimiento de los gravámenes actuales, el refuerzo de las inspecciones fronterizas frente a posibles alertas sanitarias por aflatoxinas y una mejora de las normas de etiquetado para garantizar la trazabilidad del producto local frente al importado.
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