El Parlamento de Cantabria ha aprobado una modificación de la Ley de Caza autonómica y del decreto regulador de la Reserva Regional del Saja para agilizar los trámites burocráticos de los acotados y suprimir la prohibición que impedía a los Agentes del Medio Natural ejercer la actividad cinegética en su comarca de destino.

La reforma legislativa, que ha contado con el respaldo de los grupos Popular, Regionalista, Socialista y Vox, busca reducir las cargas administrativas en el medio rural. Según ha detallado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, las enmiendas introducidas flexibilizan los procedimientos y mejoran la participación de los propietarios de los terrenos.
Una de las principales novedades es la simplificación de los trámites necesarios para renovar los acotados. A partir de ahora, no será exigible repetir el proceso de constitución inicial si no se han producido alteraciones en la superficie territorial, la titularidad o las condiciones esenciales. Esta medida pretende aliviar la gestión administrativa de entidades como las juntas vecinales y las sociedades de cazadores.
Fin al veto cinegético en el monte
La actualización normativa también afecta a la Reserva Regional de Caza Saja, donde se han introducido ajustes en la organización de las batidas de caza mayor para adecuarlas a las necesidades actuales. En este mismo espacio, la Consejería ha suprimido la restricción que impedía a los Agentes del Medio Natural cazar en la misma zona en la que prestan servicio.
Susinos ha justificado esta medida argumentando que se trataba de una limitación anacrónica y sin justificación objetiva. La titular de Desarrollo Rural ha defendido la profesionalidad de estos funcionarios públicos y ha enmarcado el cambio en el cumplimiento de una reivindicación histórica del colectivo, equiparando sus derechos cinegéticos a los del resto de usuarios.
Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que estos cambios no alteran el modelo general de gestión de la región, sino que buscan garantizar la continuidad del control poblacional de las diferentes especies, una labor considerada clave para proteger los cultivos agrícolas y mantener el equilibrio medioambiental del territorio cántabro.




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