La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) se opone a la modificación de la directiva europea que permitiría el tránsito internacional de camiones de 44 toneladas. La organización advierte de que la disparidad de requisitos técnicos entre los Estados miembros perjudicaría gravemente a las empresas nacionales.
Actualmente, el límite de carga para los portes por carretera en la Unión Europea se mantiene en 40 toneladas. Aunque algunos países han elevado este tope a nivel interno, como es el caso de España, las operaciones más pesadas entre distintos territorios continúan prohibidas. La entidad defiende que este incremento transfronterizo solo debería autorizarse para vehículos eléctricos de cero emisiones, como fórmula para compensar el peso de las baterías.
El escollo de las exigencias asimétricas
El principal argumento del colectivo para rechazar el cambio normativo radica en la falta de armonización continental. Permitir el cruce de fronteras bajo la única premisa de que ambos países acepten las 44 toneladas sometería a los profesionales españoles a legislaciones incompatibles con las de su lugar de origen.
Un ejemplo evidente de esta brecha se encuentra en las rutas hacia Francia. El país galo obliga a que los vehículos pesados cumplan de forma estricta con los estándares ambientales Euro VI para moverse con ese tonelaje. En España, por el contrario, se autoriza la circulación de 44 toneladas con camiones Euro V o inferiores, ya que el requerimiento superior no es obligatorio en el territorio nacional.
Si prospera la presión de determinadas organizaciones europeas para modificar la Directiva 96/53/CE, las flotas españolas que carezcan de la certificación exigida por París tendrían vetado el acceso al país vecino. FENADISMER señala que este escenario generaría una enorme inseguridad jurídica y rompería el principio de libre competencia en el mercado único.
Por último, la organización descarta que esta ampliación de tonelaje responda a objetivos de sostenibilidad ambiental. Según indican, las instituciones comunitarias ya disponen de un marco regulatorio sólido para impulsar la transición energética del sector, a través del Pacto Verde o los límites de emisiones. Ante esta situación, instan a la administración central a proteger el tejido empresarial logístico frente a las normativas unilaterales extranjeras.
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