Las organizaciones agrarias ASAJA y UPA de Castilla-La Mancha han presentado sus alegaciones a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EPTI) del ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. Ambas entidades denuncian que los borradores amenazan la viabilidad económica del regadío regional y reclaman al Gobierno autonómico que lidere una defensa institucional unificada frente a las restricciones propuestas en las distintas cuencas.
La preocupación del sector se centra en el impacto económico de los recortes. Según las estimaciones de UPA, las medidas planteadas en las demarcaciones del Guadiana y el Segura podrían provocar una pérdida patrimonial conjunta que supera los 2.126 millones de euros (aproximadamente 2.296 millones de dólares) por la devaluación de las tierras al pasar a secano. Por su parte, la directiva regional de ASAJA insiste en que los planes de cuenca deben equilibrar la protección ambiental con el desarrollo social, garantizando la prioridad hídrica de la cuenca cedente y reconociendo el regadío como activo estratégico.
Impacto millonario en el Guadiana y el Segura
En la cuenca del Guadiana, que concentra el 58 % de la superficie regable de la comunidad con 340.000 hectáreas, UPA advierte que el borrador condena al secano a un 34 % de estas tierras. Esto supondría una merma anual de 213 M€ (unos 230 M$) en el valor de la producción y de 82 M€ (88 M$) en el margen neto, además de 1.500 M€ (1.620 M$) en pérdidas patrimoniales directas. Ante esto, ASAJA exige el mantenimiento del Plan Especial del Alto Guadiana y rechaza que los costes de depuración urbana recaigan exclusivamente sobre los regantes.
La situación en la demarcación del Segura presenta un patrón similar de restricciones, con una reducción del consumo castellanomanchego de 100,9 a 33,2 hectómetros cúbicos, según detalló UPA. Esta limitación de recursos se traduciría en una caída productiva de 100 M€ (108 M$) y un perjuicio patrimonial estimado en 626 M€ (676 M$).
Demarcaciones del Júcar, Tajo y Guadalquivir
Respecto al Júcar, el malestar del sector se enfoca en el sistema de la Mancha Oriental. Las organizaciones agrarias critican el recorte en la asignación del acuífero, que pasaría de 398 a 226 hectómetros cúbicos, y la reducción en los volúmenes de sustitución de bombeos. Además, desde UPA exigen que las demandas de las cuencas intracomunitarias valencianas se cubran mediante alternativas como la desalinización directa y no a expensas de la cuenca cedente.
Las alegaciones también abarcan el resto del territorio autonómico. En el Tajo, ASAJA reclama la conexión entre el río Sorbe y el embalse de Alcorlo, así como la modernización de los canales del Henares, Jarama y Alberche. Para el Guadalquivir, la entidad considera fundamental acelerar las infraestructuras de regulación en el río Guadalén y el azud del Castillo de Montizón para asegurar el suministro en el Campo de Montiel.
Ante la magnitud de los cambios planteados, las organizaciones coinciden en hacer un llamamiento a la unidad política y social. Los representantes agrarios instan a la administración autonómica a conformar una estrategia conjunta, alejada de debates partidistas, que defienda los intereses hídricos de los agricultores y frene la pérdida de derechos de riego en el diseño final de los planes.
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