El Consejo Europeo del pasado viernes dejó avances en la negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034, pero insuficientes para España. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha trasladado esa valoración al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca celebrado ayer en Luxemburgo: el objetivo español sigue sin estar garantizado en la negociación, y las tres exigencias de Madrid no cambian — incrementar los fondos de la Política Agraria Común (PAC), mantener como mínimo la dotación actual y rechazar cualquier fórmula de cofinanciación nacional.
Los ministros europeos han respaldado en términos generales los avances logrados bajo la presidencia chipriota, que ha orientado su semestre bajo el lema «Una Europa autónoma, abierta al mundo». La ministra chipriota Maria Panayiotou destacó que situar la agricultura en el centro de las prioridades estratégicas de Europa no es solo una cuestión de producción de alimentos, sino de seguridad alimentaria, comunidades rurales y resiliencia del continente en un mundo cada vez más incierto.
Los ministros han reclamado mayor subsidiariedad y flexibilidad para los estados en la aplicación de los objetivos de la PAC: más margen en el apoyo a la renta, mayor adaptabilidad en las medidas ambientales y sectoriales, y una simplificación de las normas que reduzca la carga administrativa sobre agricultores y administraciones, sin renunciar a los estándares comunes europeos. El debate se enmarca en un escenario de volatilidad de mercados, presión sobre las rentas agrarias, riesgos climáticos y necesidad de reforzar la seguridad alimentaria y la competitividad del sector.
Una PAC con personalidad propia
Uno de los avances más relevantes que Planas ha destacado durante el semestre chipriota es el acercamiento hacia una PAC con personalidad jurídica propia. La propuesta inicial de la Comisión diseñaba planes nacionales en los que las medidas de la PAC aparecían mezcladas con otras políticas de la Unión, algo que España ha rechazado desde el principio. La presidencia chipriota ha impulsado durante estos meses que el reglamento de la PAC recupere su carácter de política sectorial autónoma, con su propio cuerpo normativo. El ministro ha reconocido que la negociación avanza en esa dirección, aunque todavía no ha llegado al punto que España exige. «Aún no es el caso, pero estamos cerca de lograrlo», ha asegurado.
Para España, recuperar esa autonomía normativa no es una cuestión formal sino de fondo. «Hemos reiterado ya en múltiples ocasiones que necesitamos una PAC autónoma y sólida, capaz de responder a las nuevas prioridades: la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y climática, la rentabilidad de las explotaciones agrarias y el relevo generacional», ha señalado Planas, quien subraya que para ello es imprescindible dotar a esta política de un cuerpo normativo propio.
El riesgo de romper el mercado único
El ministro rechaza también la propuesta de establecer porcentajes de cofinanciación nacional en las intervenciones de apoyo sectorial. Avanzar en esa dirección, advierte, puede quebrar la unidad del mercado interior de la UE: los estados miembros con mayor capacidad presupuestaria podrían apoyar a sus agricultores en mayor medida que aquellos con menos margen fiscal, generando condiciones de competencia desiguales dentro del mercado único.
La posición española es clara en los tres frentes: aumentar la dotación económica respecto a la propuesta inicial de la Comisión, eliminar la cofinanciación nacional y preservar el carácter común de la PAC como garantía de un sector agrícola competitivo y preparado para los retos del futuro. Para España, estos tres elementos son indisociables: no hay PAC sólida sin financiación suficiente, sin autonomía normativa y sin reglas comunes que garanticen la igualdad de condiciones entre agricultores europeos.
Sobre el calendario, el acuerdo definitivo sobre el presupuesto comunitario —y con él, la dotación final de la PAC post-2027— no se espera antes de finales de año.
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