La Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre (ASICCAZA) ha reclamado al Gobierno central que se oponga a la prohibición de la munición de plomo en el marco del reglamento europeo REACH, cuyas reuniones preparatorias arrancan esta semana. La entidad advierte de que una restricción sin alternativas viables supondría un duro golpe para el tejido socioeconómico del medio rural y para toda la cadena alimentaria vinculada a la actividad.
El sector defiende el peso de esta actividad basándose en el último informe de la Fundación Artemisan. Según este documento, la caza genera en España más de 10.190 M€ de Producto Interior Bruto (PIB) y mantiene cerca de 199.000 empleos, de los cuales el 80 % se localizan en los pueblos. Dentro de este ecosistema, las industrias vinculadas a la comercialización de carne silvestre movilizaron un gasto superior a los 111 M€ durante el pasado ejercicio.
El riesgo de un abandono masivo
Desde la organización señalan que retirar este tipo de munición sin garantizar la eficacia de los nuevos materiales amenaza directamente el volumen de capturas y, en consecuencia, el suministro a la industria alimentaria. De hecho, los datos manejados por la Federación Europea de Tiro Deportivo apuntan a que uno de cada cuatro cazadores podría abandonar definitivamente la actividad y otro 30 % reduciría sus salidas si se impone este veto generalizado.
Esta hipotética reducción de practicantes tendría, según la interprofesional, consecuencias directas sobre la sanidad animal y la viabilidad agrícola. En España se extraen anualmente más de 643.000 piezas de caza mayor, fundamentales para controlar la sobrepoblación de especies como el jabalí o el ciervo. Una caída en las capturas se traduciría en un incremento de los daños en los cultivos y un mayor riesgo de expansión de enfermedades graves como la tuberculosis o la Peste Porcina Africana (PPA).
Ante este escenario, el presidente de la asociación, José María Gallardo, ha reclamado una transición ordenada y consensuada con la industria armera y los comercializadores. Al mismo tiempo, la entidad ha lamentado la postura mantenida hasta ahora por el Ministerio para la Transición Ecológica, al que acusan de ignorar tanto la relevancia económica del sector como los informes técnicos aportados por los expertos.
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