Si hay algo que tenemos claro los que trabajamos mano a mano con los agricultores de toda España es que cada temporada trae nuevos desafíos, y la falta de herramientas eficaces para controlar plagas se ha convertido en uno de los más graves. No hablamos de teorías ni de cifras en un despacho: hablamos de hectáreas de frutas, hortalizas y cereales, de jornales y familias que dependen de lo que crece en la tierra. Cada decisión, cada herramienta que falta, tiene un impacto directo en la producción y en la economía de quienes viven de la agricultura.
En los últimos años, esta realidad se ha vuelto más evidente. Los agricultores están enfrentando una creciente dificultad para proteger sus cultivos de plagas que antes se podían controlar con relativa facilidad. Esto ha generado un importante debate sobre la reducción del número de fitosanitarios a disposición de los agricultores. Según la asociación Crop Life Europe, en los últimos cinco años se han retirado o no renovado por motivos regulatorios setenta y seis sustancias activas, mientras que solo se ha aprobado una nueva. Se trata de productos basados en sustancias activas que, utilizadas correctamente, no representan riesgos para la salud humana ni para el medio ambiente y que, además, continúan comercializándose fuera de la Unión Europea, lo que supone un agravio comparativo para los agricultores españoles.
La complejidad legislativa y regulatoria de la Unión Europea dificulta no solo la renovación de sustancias activas, sino que también limita la inversión en I+D de las empresas, que encuentran cada vez más obstáculos debido a la complejidad, la exigencia y la disparidad de criterios del sistema regulatorio europeo. Esta situación deja a los agricultores sin herramientas esenciales cuando más las necesitan. Recientemente, hemos tenido numerosos casos que ejemplifican esta realidad: los del flufenacet, la metribuzina, tritosulfuron y el spinetoram son claros ejemplos y ponen en cuestión la profesionalidad y la capacidad de los agricultores españoles para aplicar estos productos de manera segura y controlada.
La situación actual pone también de relieve un hecho preocupante: los agricultores no pueden depender de la buena voluntad de los fabricantes ni de la falta de coordinación entre las instituciones. Cada día que falta una herramienta eficaz se traduce en mayores riesgos para los cultivos, pérdidas económicas y una menor competitividad para la agricultura española, un sector estratégico para toda Europa.
Aquí es donde entra una oportunidad histórica: el Proyecto de ley ómnibus para la simplificación de la seguridad alimentaria y de los piensos (Food and Feed Safety Simplification Omnibus). Este reglamento no es un mero trámite; es una herramienta que puede cambiar de manera real y práctica la vida de los agricultores.
Este reglamento está orientado exclusivamente a los productos biológicos, por lo que sería un error desaprovechar la oportunidad de incorporar también a los fitosanitarios convencionales.De una vez por todas, debería permitir que todas las autorizaciones excepcionales se concedan automáticamente cuando un Estado miembro lo apruebe, evitando que los retrasos burocráticos condicionen la capacidad de los agricultores para proteger sus cosechas.
Fuente: Crop Life Europe
Es la oportunidad de garantizar un marco regulatorio predecible, ágil y basado en la ciencia, donde la innovación llegue al campo de manera efectiva y sin excusas.
Las substancias activas que han desaparecido en los últimos años nos recuerdan que los problemas no se solucionan solos. No basta con que un producto sea seguro y eficaz; hace falta un sistema que permita que los agricultores lo usen cuando lo necesitan. Este ejemplo debería servir como alerta y motivación: la innovación no puede quedarse atrapada en despachos ni en procesos interminables. España necesita un marco que funcione para los agricultores, no contra ellos.
Nuestros agricultores de toda España no pueden seguir esperando. Cada temporada perdida, cada herramienta que no llega al campo, se traduce en menos producción, menores ingresos y más incertidumbre. El reglamento Ómnibus puede y debe cambiar esta realidad, incorporando no solo los productos biológicos, sino también los fitosanitarios convencionales, y garantizando que los agricultores tengan acceso a todas las soluciones que la ciencia y la industria han desarrollado para proteger sus cultivos.
Es hora de que el gobierno actúe con decisión y deje de mirar hacia otro lado. No podemos permitir que la burocracia siga siendo un obstáculo cuando lo que está en juego es el futuro de nuestros agricultores, la seguridad alimentaria y la competitividad de España en Europa.
Cada producto que falta es un recordatorio de que necesitamos soluciones claras, predecibles y rápidas para proteger el trabajo de quienes trabajan la tierra día a día.
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