España afronta la campaña de incendios forestales más agresiva en veinte años: el Ministerio de Agricultura contabiliza 39.709 ha quemadas hasta el 21 de junio, el doble que en la misma fecha de 2025, mientras el sistema europeo Effis eleva la cifra a cerca de 50.000 ha hasta el 1 de julio, con Cantabria como la provincia más afectada. En este contexto, agricultores y ganaderos se han convertido en un actor decisivo en la contención de varios de los focos más graves del verano.
La maquinaria que se convierte en cortafuegos
El papel del sector no se limita a sufrir las consecuencias del fuego: en muchos casos es también quien primero interviene sobre él. Desde distintas organizaciones agrarias se ha señalado que, aunque no sean los causantes del incendio, agricultores y ganaderos suelen ser los primeros en llegar a un conato porque ya están en el terreno con la maquinaria adecuada para contenerlo. Esa intervención se traduce en tareas muy concretas y pegadas a las llamas: abrir franjas de arado con aperos de labranza para crear perímetros de seguridad, transportar depósitos de agua instalados en los propios tractores e incluso emplear cubas para sofocar los conatos antes de que se propaguen, sin esperar a que lleguen los refuerzos oficiales.
Un ejemplo reciente de esa intervención directa es el incendio declarado el 3 de julio en La Bisbal d’Empordà (Girona), que ha calcinado más de 2.200 ha del macizo de Les Gavarres. Según los Bombers de la Generalitat, agricultores de la zona labraron los campos con sus tractores para frenar el avance de las llamas, trabajando junto al frente del fuego mientras se desplegaba el dispositivo oficial de más de 400 bomberos y un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.
Del gesto puntual al protocolo
Esa colaboración empieza a formalizarse en distintos territorios. La Diputación de Barcelona presentó el pasado 29 de junio, en Rajadell (Bages), una prueba piloto que instala kits de extinción en los tractores que acompañan a las cosechadoras durante la siega: un depósito de 600 litros con bomba de alta presión y un botón de emergencia por satélite que permite avisar a las Agrupaciones de Defensa Forestal incluso sin cobertura móvil, pensado para que el maquinista pueda actuar sobre un foco incipiente desde el primer minuto. En la Comunidad de Madrid, el plan Infoma 2026 ha optado por la vía normativa: obliga a quienes trabajan con cosechadoras cerca de masas forestales a comunicar previamente su actividad y, con viento superior a 20 km/h y sequedad extrema, a disponer de un tractor con apero de gradas para abrir una franja de arado de diez metros junto al monte.
Frente a ese tipo de obligaciones, distintas organizaciones agrarias del país reclaman que se reconozca la función preventiva del sector en lugar de tratarlo como un riesgo en sí mismo, y piden que las restricciones de horarios y distancias para el uso de maquinaria en verano se gradúen según el tipo de trabajo, en lugar de aplicarse de forma automática.
El otro extremo de esta implicación es el coste que el fuego deja sobre las propias explotaciones. La Junta de Andalucía ha declarado desastre natural el incendio que el 8 de junio afectó a Villanueva de los Castillejos y otros tres municipios de Huelva, con más de 6.300 ha de dehesa, cultivos y cabaña ganadera calcinadas, y ha exigido al Gobierno central que active las medidas compensatorias previstas, además de estudiar la flexibilización de los requisitos de las ayudas de la PAC para que las explotaciones siniestradas no pierdan las subvenciones concedidas por circunstancias sobrevenidas.
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