Aragón reclama al MAPA autorización excepcional de abamectina ante la plaga de araña roja en el maíz

La araña roja se ha convertido en una plaga creciente en el cultivo del maíz en Aragón, favorecida por las altas temperaturas y las condiciones climáticas de los últimos meses. En las parcelas afectadas, los servicios técnicos del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón estiman pérdidas de producción de entre el 20% y el 50%, con un impacto económico de entre 680 y 1.700 euros por hectárea.

No se trata de un problema nuevo: la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria y el Servicio de Sanidad Vegetal llevan años haciendo seguimiento de la plaga, en contacto con el sector, y desde 2023 han realizado ensayos con distintas opciones de control, tanto biológico como con otros productos fitosanitarios. Los resultados obtenidos hasta ahora, sin embargo, no permiten identificar una alternativa eficaz, autorizada para el maíz y viable técnica y económicamente para el agricultor.

Ante esta situación, el Departamento considera difícilmente justificable que los agricultores tengan que asumir pérdidas de hasta la mitad de su producción existiendo un mecanismo legal previsto para emergencias fitosanitarias. Por ello, el Ejecutivo aragonés reclama al Ministerio que conceda una autorización excepcional para el uso de abamectina, al amparo de la normativa europea prevista para situaciones en las que el peligro no pueda controlarse por otros medios razonables.

El Departamento insiste en que la búsqueda de alternativas debe continuar, pero considera que esa transición «no puede hacerse a costa del agricultor» y defiende que la reducción o restricción de materias activas debe ir acompañada de alternativas técnicas eficaces, autorizadas, accesibles y viables. Mientras estas no estén disponibles, entiende necesario recurrir a los instrumentos legales existentes para responder a situaciones de emergencia como la actual.

El Gobierno de Aragón subraya que ha realizado su trabajo técnico, en coordinación con las organizaciones profesionales agrarias, pero recuerda que la decisión final corresponde al Gobierno de España, al que pide que la adopte atendiendo a la realidad del campo antes de que las pérdidas resulten irreversibles.