Los ataques de lobo continúan en las explotaciones de vacuno extensivo de la provincia de Ávila, especialmente en la Sierra de Gredos, en una época sensible por el nacimiento de los terneros. El último caso certificado se ha registrado en Navalperal de Tormes, donde un ternero de apenas una semana ha muerto a manos del lobo. En esa misma explotación han desaparecido otros cuatro terneros de los que no se ha encontrado ningún resto, por lo que no pueden contabilizarse ni indemnizarse como daños provocados por el lobo.
ASAJA Ávila sostiene que este caso no es una excepción, sino el ejemplo de un problema que se repite en numerosas explotaciones. La organización denuncia que los daños reales son mayores que los que reflejan las estadísticas oficiales, porque una parte importante de las pérdidas no puede acreditarse con los procedimientos actuales: una cosa son los daños que soporta el ganadero y otra, los que consigue acreditar ante la Administración.
Según explica, los terneros de pocos días permanecen en ocasiones descansando lejos de sus madres y, tras el ataque, el lobo puede desplazarlos y consumirlos a distancia. Cuando desaparecen los restos, el ganadero pierde también la posibilidad de demostrar administrativamente la pérdida. «No podemos medir la dimensión real del problema contando únicamente cadáveres. Si desaparecen animales en una explotación en la que acaba de certificarse un ataque de lobo, esa información debe quedar registrada y ser tenida en cuenta», advierte la organización.
Por ello reclama a la Junta de Castilla y León la creación de un registro complementario de animales desaparecidos en explotaciones y zonas con ataques acreditados. En su opinión, permitiría conocer la incidencia real del lobo, mejorar las estadísticas y disponer de una base objetiva para el reconocimiento y la compensación de los daños.
ASAJA Ávila pide también modificar el criterio aplicado a los animales que sobreviven en un primer momento al ataque, pero mueren después por heridas, infecciones o secuelas. Cuando un informe veterinario establezca una relación causal entre el ataque y la muerte, defiende que debe prevalecer el criterio técnico y veterinario sobre un plazo administrativo rígido.
Otro problema frecuente, según la organización, es la actuación de buitres y otros carroñeros sobre los cadáveres antes de que lleguen los agentes encargados de certificar el siniestro. En esos casos, la desaparición o alteración de los restos puede impedir determinar oficialmente la causa de la muerte. ASAJA Ávila reclama que pueda valorarse el conjunto de indicios existentes: las lesiones compatibles con predación, la presencia de ataques acreditados en la zona, las circunstancias del hallazgo y cualquier otra evidencia técnica que permita reconstruir lo ocurrido.
La organización recuerda además que el daño del lobo no termina en el animal muerto. Los ataques obligan a incrementar la vigilancia y modificar el manejo de los rebaños, generan estrés en el ganado y pueden provocar pérdidas reproductivas y productivas, además de otros costes que tampoco siempre quedan reflejados en las cifras oficiales. «El sistema tiene que adaptarse a lo que ocurre realmente en el campo. No puede exigirse al ganadero una prueba imposible y utilizar después la ausencia de esa prueba para concluir que el daño no existe», subraya.
Con estos argumentos, ASAJA Ávila pide revisar los protocolos de reconocimiento y valoración de daños para que ningún daño real quede fuera de las estadísticas ni de las compensaciones por la imposibilidad material de localizar o conservar restos suficientes del animal.
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