El portavoz de Agricultura, Alejandro Alonso, pidió ayer al Gobierno que en un plazo de 6 meses remita a las Cortes Generales un proyecto de Ley Marco de Bienestar Animal que armonice toda la legislación que hay en las distintas CCAA de lucha contra el maltrato animal.

Así queda recogido en una de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio que ayer aprobó con competencia legislativa plena la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Alonso explica que la idea de la necesidad de armonizar la normativa existente los socialistas la recogen del informe que elaboraron un grupo de expertos la pasada legislatura, y que contempla propuestas que el Gobierno del PP “todavía no ha querido atender”.

El portavoz socialista denunciará la falta de voluntad política del Gobierno para consensuar esta normativa, como demuestra que no haya aceptado ninguna enmienda de ningún grupo, salvo una del PSOE que se limita a cambiar el término animales “usados” por el de “utilizados”.

“Dejando fuera del ámbito de esta regulacion los toros, porque tienen su regulación especifica”, matiza Alonso, las enmiendas socialistas trasladan un mandato al Gobierno para que realice “campañas de divulgación e información sobre la normativa en materia de bienestar animal”, porque “el Gobierno tiene mucha labor que hacer para concienciar frente a los abusos, especialmente en ámbitos donde por tradición se ha convertido en costumbre un maltrato consentido”, denuncia Alonso.

Otra enmienda socialista pide tipificar como grave “causar sufrimiento a animales en actividades, incluidas las de carácter educativo y cultural, dirigidas a niños y menores”, de manera que, en palabras de Alonso, “el maltrato innecesario esté especialmente prohibido”. Por otro lado, los socialistas también piden que el Gobierno, en el desarrollo reglamentario de la Ley contemple “la participación y posible delegación en los comités de ética en los procedimientos de autorización de los proyectos de investigación”.