La reciente firma del convenio para la puesta en marcha de la Ley 45/2007 de Desarrollo del Medio Rural parece alimentar las esperanzas de que por fin, más de cuatro años después de su aprobación y tras un renqueante proceso de prolegómenos para su puesta en marcha que se estiró hasta agotar toda la legislatura anterior, arranque este instrumento que en su día generó grandes expectativas. Los planes gallegos aprobados contarán con 17 millones de euros anuales del Ministerio para el período 2012-2016. Si se suman los planes de La Rioja aprobados a finales de 2011, la Ley ya tiene asignados 19,63 millones anuales de fondos estatales que, aunque muy lejos de los 500 millones anuales que se anunciaron en 2007 por el anterior gobierno, no dejan de ser un punto de partida interesante.

Sin embargo, estas esperanzas quedan muy aguadas por la evidencia de que los Presupuestos del Estado para 2012, a punto de aprobarse, solo cuentan con un total de 27,33 millones para la Ley, lo que restando lo necesario para atender los planes de Galicia y La Rioja, no dejaría más que 7,7 millones disponibles para el resto de España. Además, el Ministro ya ha anunciado que espera que se incorporen otras CC.AA. “previas las modificaciones que nos hemos comprometido a introducir en la Ley para su necesaria mejora”, lo que parece conducir, por los plazos necesarios para modificar una Ley, a que se debiliten mucho las posibilidades de que otras CC.AA. puedan beneficiarse de la Ley en 2012.

La expectación es mayor en las cuatro CC.AA. que hicieron todo lo necesario para la aplicación de la Ley y que tienen listos hace tiempo sus planes de zona (Aragón, Asturias, Castilla y León, Navarra), pero se han visto postergadas a favor de La Rioja y Galicia porque el Ministerio de Hacienda no ha emitido el informe favorable que exige la disposición adicional 41 de la vigente Ley de Presupuestos (que se transcribe casi idéntica en el proyecto para 2012) por incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. En estas CC.AA. no se entiende que el Ministerio de Hacienda no haya hecho uso del mismo margen de apreciación que le deja esta disposición para desbloquear el resto de convenios ya que, si bien es cierto que Rioja y Galicia se han quedado bastante cerca en 2011 del objetivo de estabilidad presupuestaria, también las demás están haciendo esfuerzos similares, y la propia Ley establece que se podrán tener en cuenta “el efecto respecto del déficit que se pudiera derivar del convenio”, que estiman es positivo en el caso de los convenios de desarrollo rural.