El Consejo de Ministros de la UE aprobará con toda seguridad la eliminación para la próxima campaña de la retirada obligatoria de tierras, al objeto de que se puedan sembrar para atender la actual situación de elevados precios de los cereales.

Por otra parte, la administración española muy probablemente permitirá la suspensión de la práctica agrícola del barbecho agronómico en un determinado porcentaje como requisito para poder cobrar la ayuda acoplada en determinadas zonas.

Ambas medidas administrativas suponen que habrá más tierras disponibles para el cultivo.

Sin embargo, nada se ha dicho sobre alterar las reglas de la denominada retirada voluntaria, que es la que permite a los agricultores cobrar en cierta medida la ayuda acoplada ligada a la siembra, sin tener que sembrar. Según la normativa comunitaria existe una franquicia de un 10% de retirada voluntaria, pero los porcentajes por encima son por decisión de la administración de cada Estado Miembro.

En España concretamente se practica hasta ahora una amplia libertad con esta retirada voluntaria y en muchas comunidades autónomas es común permitir retiradas en torno a un 50%, aludiendo a causas del clima más o menos justificadas. Además en las zonas de bajos rendimientos se permiten retiradas voluntarias de hasta un 80%.

La retirada voluntaria supone en España unas 850.000 ha, una importante superficie, comparable a las de la retirada obligatoria o a la del barbecho agronómico.

Si la línea de la administración es fomentar la producción, por coherencia se debería limitar al mínimo este tipo de retirada, ya que se trata de una medida creada en una situación de excedentes que incentiva a no sembrar, y que no es otra cosa que cobrar la ayuda plena como si se sembrara sin tener que sembrar. No sería muy coherente que haya medidas administrativas que fomenten una cosa y otras lo contrario.

Otra cosa sería considerar que lo que hay que hacer es dejar a los agricultores la máxima libertad y que siembren lo que quieran, pero en ese caso lo que estaría de más sería el sistema de desacoplamiento parcial que existe en España.