El Ministerio de Agricultura de Japón ha anunciado en octubre una reforma de su política agraria a partir de 2007 en el sentido de sustituir las ayudas existentes para algunos productos por pagos directos a determinados agricultores elegibles, desacoplados de la producción.

El sector agrario japonés es uno de los más subvencionados del mundo con explotaciones muy atomizadas y con un gran envejecimiento de los titulares de las explotaciones. Un 80% de los agricultores japoneses lo son a tiempo parcial, siendo aproximadamente dos terceras partes de su renta proveniente de fuera de la agricultura.

Las reformas pretenden por una parte adaptar la agricultura a las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por otra aumentar la productividad y la competitividad. Objetivos aparentemente contradictorios, que se pretende conseguir sustituyendo las ayudas acopladas a la producción por otras que favorezcan las explotaciones más grandes y la economía de escala. También se prevé compensaciones para los pequeños agricultores, que se verán abocados a abandonar la producción

Japón es un país gran importador de productos agrarios, siendo sin embargo muy proteccionista con la producción propia, la cual se beneficia de numerosos mecanismos de sostenimiento de mercados y en particular de elevados aranceles a las importaciones, y en algunos casos, como el arroz, de otros mecanismos como ayudas por los bajos precios y compras de intervención. El elevado proteccionismo agrario de Japón es unos de los obstáculos principales para alcanzar un acuerdo en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Un elemento clave de la reforma es determinar que explotaciones serán elegibles para los pagos directos en función de que sean o no agricultores a tiempo parcial.

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) ha publicado un informe sobre esta cuestión: