Madrid, 24 de enero de 2005.- En la reunión mantenida entre las organizaciones agrarias y la Dirección General de Ganadería, el pasado 28 de julio de 2004, el representante de MAPA presentó un proyecto de orden ministerial por el que el requisito del certificado veterinario quedaba prácticamente eliminado y anunció su aprobación y entrada en vigor de forma inminente. Seis meses después de adoptado aquel compromiso la realidad es que el certificado veterinario sigue exigiéndose a los ganaderos y el ministerio de Agricultura no sabe, no contesta.
Hay que recordar que el origen de tan caprichosa exigencia, por la que el ganadero está obligado a presentar certificado veterinario para todos los animales de las especies bovina, caprina u ovina destinados a matadero, es el Real Decreto de diciembre del año 2000 que regulaba el programa integral coordinado de vigilancia y control de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET) en los animales.
Desde el mismo momento en que entró en vigor éste requisito, ahora se cumplen cuatro años, ASAJA, en nombre del sector productor ganadero, ha venido reclamando su supresión, al considerar que no aporta ninguna garantía adicional a la seguridad alimentaria y por el contrario supone una mayor carga burocrática, costes añadidos para el ganadero y una traba en el normal funcionamiento de la cadena comercial.
A finales del pasado mes de julio, por fin parecía que el ministerio de Agricultura estaba dispuesto a enmendar la situación y en el proyecto de orden por la que se modificaba el Real Decreto antes citado, de 22 de diciembre de 2000, se recogía un cambio, en nuestra opinión el más importante, en relación con el certificado veterinario. A partir de la entrada en vigor de ésta orden, según el compromiso del ministerio en el mes de septiembre, solo sería necesario la declaración del responsable titular y el responsable veterinario para todos los animales destinados a matadero que tuvieran mas de 24 meses, en el caso de los bovinos, y mas de doce meses, para ovinos y caprinos.
Sin embargo, a finales del mes de enero de 2005, la situación sigue siendo la misma que en diciembre de 2000 y el ministerio de Agricultura ni aprueba la citada orden, ni explica porqué no lo hace. Mientras tanto, a los ganaderos se les continúa exigiendo cumplir con un requisito absurdo e innecesario que no responde a ninguna necesidad real.
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