LA RIOJA, 21 de agosto de 2003.- El presidente de ARAG-ASAJA, José Ángel Alegría, cree que las 223 hectáreas de viñedo ilegal plantadas en La Rioja después del 1 de septiembre de 1998 deben ser arrancadas por sus propietarios inmediatamente y, en rueda de prensa celebrada hoy en las instalaciones que la organización agraria tiene en Tricio, ha manifestado que el que no acate los en este sentido de la Consejería de Agricultura es un sinvergüenza y demuestra miopía y un egoísmo brutal.

El pasado 31 de julio terminó el plazo de regularización del viñedo no inscrito en La Rioja y los propietarios de las 223 hectáreas plantadas con posterioridad al 1 de septiembre de 1998 han recibido una comunicación de la Consejería de Agricultura instándoles a arrancar sus viñas ilegales.

ARAG-ASAJA defiende el arranque para acabar con el viñedo irregular y recuerda que es la Unión Europea, mediante la organización común de mercado del sector, la que obliga a los Estados miembros a regularizar su masa vegetal.

La situación, según Alegría, no admite excusas ya que se han dado múltiples plazos para legalizar las fincas. Los procesos y trámites se pusieron en marcha en el año 1988 y en 1992, el entonces gobierno socialista casi provocó una guerra civil al intentar arrancar las parcelas ilegales. ARAG-ASAJA cree que se equivocaron porque no es responsabilidad de la Administración arrancar sino que deben ser sus propietarios quienes lo hagan. No obstante, nuestra organización estima que, desde entonces, las cosas han cambiado sustancialmente porque ahora se conoce con exactitud el viñedo ilegal existente.

Los principales perjudicados por la existencia de cepas ilegales son los agricultores con parcelas en regla y que son la gran mayoría del sector. En concreto, el 98,8% del viñedo riojano cumple todos los requisitos y tan sólo un 1,2% de la masa vegetal es ilegal.

Según ARAG-ASAJA, los titulares de viñedo ilegal no pueden hablar de desconocimiento ya que conocen perfectamente la situación de sus fincas. Además, José Ángel Alegría advierte de la dureza de las sanciones que pueden oscilar, dependiendo de la superficie del viñedo, entre los 15.000 y los 600.000 euros (2,5 y 100 millones de pesetas). La multa se renovará anualmente hasta que no se produzca el arranque y las uvas de esas parcelas deberán ir obligatoriamente a destilación, un proceso que ARAG-ASAJA opina que debiera costear el propio afectado.

ARAG-ASAJA está dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para que no quede una sola hectárea de viña ilegal y confía en la firmeza de la Consejería de Agricultura para hacer cumplir a rajatabla las sanciones. De no ser así, nuestra organización presionará hasta que no quede ni una sola hectárea ilegal porque José Ángel Alegría entiende que el viñedo ilegal es un mal social para la región y no se puede permitir que cada uno plante las hectáreas que le dé la gana.

A juicio de ARAG-ASAJA, no se puede consentir que se cuele en los circuitos de la Denominación de Origan Calificada Rioja el vino de estas cepas ilegales camuflado en cartillas de familiares y más después del reciente Acuerdo Interprofesional del Vino de Rioja, creado para regular este producto y evitar fluctuaciones dañinas para el sector.

ARAG-ASAJA recuerda que no sólo La Rioja sufre el problema de la ilegalidad y denuncia que existen regiones, como Castilla La Mancha y Extremadura, con miles de hectáreas ilegales.