El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de caza de Castilla y León y contra la disposición transitoria de esta norma.
La Institución considera que algunos preceptos legales vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, al regularse directamente por Ley las especies cinegéticas y cazables en Castilla y León, y los periodos y días hábiles de caza en esta comunidad, además de permitir el ejercicio de la caza directamente por ley, con lo que se impide el acudir a los tribunales ordinarios.
Por otra parte, se trata de medidas adoptadas sin contar con los estudios científicos y técnicos necesarios que avalen la declaración de especies cinegéticas. Con ello, se vulnera la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al no garantizarse la adecuada conservación de las especies silvestres.
El Defensor del Pueblo ve motivos de inconstitucionalidad porque esta ley se promulga con la intención de eludir el cumplimiento de los autos del TSJ de Casilla y León que de forma cautelar paralizaron a finales de febrero la caza en esta comunidad tras suspender el decreto autonómico 10/2018 que regulaba las especies que se podían cazar, precisamente por carecer de los estudios científicos y técnicos necesarios.
El Defensor señala que al elevar el rango normativo, se ha querido evitar el control por los tribunales ordinarios y así neutralizar el contenido de las resoluciones judiciales dictadas.
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