Ante la consulta pública abierta por el Ministerio de Agricultura sobre una futura Ley de Agricultura Familiar, Unión de Uniones ha solicitado que, en lugar de elaborar una nueva normativa, se actualice la Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, adaptándola a los desafíos actuales del sector.
La organización considera que la regulación agraria en España es ya extensa y que la prioridad debe ser ordenar el sector y reforzar los mecanismos de incorporación de jóvenes. En este sentido, defienden que la Ley de 1995 sigue teniendo objetivos plenamente vigentes, pero necesita ser revisada para adecuarse al nuevo contexto socioeconómico.
Una normativa vigente con objetivos aún válidos
Desde Unión de Uniones recuerdan que la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, pese a haber sido aprobada hace casi 30 años, establecía principios fundamentales que siguen siendo prioritarios hoy en día:
- Constituir explotaciones viables y sostenibles a largo plazo.
- Priorizar a los agricultores y ganaderos profesionales en las políticas agrarias.
- Movilizar el mercado de tierras para facilitar el acceso a nuevos productores.
- Facilitar el acceso al crédito para inversiones en el sector.
- Favorecer la incorporación de jóvenes, garantizando el relevo generacional.
“Lo que hay que hacer es desempolvarla, traerla al momento actual y dotarla de recursos presupuestarios”, afirman desde Unión de Uniones.
Desafíos actuales y necesidad de adaptación
A lo largo de las últimas tres décadas, el sector ha evolucionado y enfrenta nuevas amenazas y retos que no estaban presentes en 1995. Unión de Uniones señala la entrada de fondos de inversión en la agricultura, la creciente competencia en un mercado globalizado y la aparición de mayores exigencias éticas y medioambientales como algunos de los principales factores que deben ser considerados en una actualización legislativa.
Para garantizar que las explotaciones prioritarias sean realmente beneficiarias de los apoyos públicos, la organización considera fundamental revisar los umbrales y los criterios de acceso a las ayudas, además de actualizar los mecanismos de colaboración con las Comunidades Autónomas. También destacan que existen márgenes de actuación a nivel estatal para mejorar la fiscalidad, los costes laborales y la seguridad social de los profesionales del sector, así como para reducir la carga administrativa.
“Sabemos que muchas ayudas dependen de la UE o de las administraciones autonómicas, pero hay margen en la ley para establecer beneficios fiscales, reducir costes laborales y simplificar trámites”, apuntan desde Unión de Uniones.
Rechazo al concepto de “Agricultura Familiar” y participación en el debate
En lugar de una Ley de Agricultura Familiar, cuyo nombre consideran confuso, la organización propone que la normativa se enfoque en la agricultura profesional y el joven agricultor, garantizando un marco claro para los profesionales del sector.
A pesar de su postura, Unión de Uniones ha confirmado su disposición a participar en el debate con propuestas constructivas, tanto en el proceso de consulta como en el trámite parlamentario si se llega a producir. Sin embargo, advierten que no aceptarán una ley sin recursos ni aplicación real.
“No queremos otro caso como la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que quedó archivada por falta de colaboración entre administraciones y financiación”, concluyen desde Unión de Uniones.
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