El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la Comisión Europea actuó de forma incorrecta al aprobar el Plan Estratégico Nacional (PEN) de Francia dentro del marco de la Política Agrícola Común (PAC). La sentencia, emitida el pasado 29 de octubre, marca un precedente histórico, ya que es la primera vez que organizaciones de la sociedad civil logran ganar un caso ante el Tribunal alegando el incumplimiento de la legislación medioambiental por parte de una institución europea, según ha informado el Collectif Nourrir.
El fallo establece que Francia vulneró los requisitos de condicionalidad ambiental vigentes en el momento de la aprobación de su plan, especialmente los relativos a la rotación de cultivos. Estas exigencias forman parte de los estándares mínimos de protección medioambiental que deben aplicarse en los planes nacionales de la PAC.
Una victoria de la sociedad civil
La demanda fue presentada en 2022 por las organizaciones francesas Collectif Nourrir y ClientEarth, que argumentaron que el plan francés no cumplía con los objetivos climáticos y ambientales vinculantes establecidos por la PAC. Ambas organizaciones pidieron a la Comisión Europea que reconsiderara su decisión de aprobar el PEN francés, solicitud que fue inicialmente rechazada por la institución.
Con esta sentencia, el TJUE anula la decisión de la Comisión de negarse a revisar su aprobación, obligándola ahora a reevaluar la compatibilidad del plan francés con el Derecho europeo y con las disposiciones del Reglamento de la PAC, de acuerdo con las informaciones de Collectif Nourrir.
Implicaciones para el futuro de la PAC
El Tribunal ha dejado claro que las recomendaciones de la Comisión pueden tener carácter vinculante para los planes nacionales, lo que refuerza su papel en la supervisión de los compromisos medioambientales de los Estados miembros. A partir de esta decisión, la Comisión deberá revisar el plan francés y evaluar si cumple adecuadamente con los requisitos ambientales y climáticos de la PAC.
Tanto Collectif Nourrir como ClientEarth han instado a que la futura reforma de la PAC clarifique el alcance de la autoridad de la Comisión para exigir modificaciones en los planes nacionales cuando estos no se ajusten a los objetivos ambientales europeos. Consideran que este refuerzo institucional es esencial para garantizar que la financiación comunitaria se destine a apoyar modelos agrícolas sostenibles y coherentes con las metas del Pacto Verde Europeo.
Hacia una PAC más ambiental y justa
Las organizaciones demandantes han subrayado que el fallo del TJUE refuerza la necesidad de situar la sostenibilidad ambiental en el centro de la PAC. Reclaman, además, que se asigne una financiación adecuada para alcanzar los objetivos climáticos y que se asegure una remuneración justa para los agricultores que implementan prácticas sostenibles.
El caso francés podría tener repercusiones para otros Estados miembros, al establecer un precedente sobre la responsabilidad de la Comisión en la supervisión y aprobación de los planes estratégicos nacionales, así como sobre el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por la Unión Europea.
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