El Gobierno publicó el pasado sábado las medidas publicadas el sábado en el BOE para paliar el impacto de la crisis energética en el sector agrario. ASAJA y la Asociación Valenciana de Agricultores consideran que las ayudas aprobadas son bienvenidas pero insuficientes para resolver la situación estructural que atraviesan agricultores y ganaderos, y advierten de que su efecto quedará limitado si el conflicto en Oriente Medio se prolonga.
Parches ante un problema de fondo
ASAJA valora que las tres líneas de ayuda —20 céntimos por litro de gasóleo agrícola, ayudas directas a fertilizantes y una línea de créditos ICO de 300 millones de euros avalados por el Estado— pueden tener cierto efecto a corto plazo, pero no abordan las causas estructurales de la crisis. La organización recuerda que el incremento sostenido de los costes de producción unido a unos precios en origen que no los compensan mantiene al sector en una situación crítica que viene de lejos, y que fue precisamente la que llevó a miles de agricultores y ganaderos a movilizarse a principios de 2024.

Sobre la línea de financiación ICO, la organización señala que, aunque puede facilitar liquidez a las explotaciones, implica incrementar el endeudamiento de un sector que ya se encuentra sometido a una fuerte presión económica. En cuanto a las ayudas a fertilizantes —fijadas en 22 euros por hectárea en secano y 55 en regadío, con un límite de 300 hectáreas por explotación—, ASAJA apunta que el requisito de que las explotaciones estuvieran registradas antes del 30 de mayo de 2025 deja fuera, por el momento, a quienes se hayan incorporado con posterioridad, una cuestión que considera pendiente de aclaración.
AVA-ASAJA coincide en el diagnóstico. Su presidente, Cristóbal Aguado, calificó las ayudas de «bienvenidas» durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, celebrado en Valencia ante cerca de doscientas autoridades, dirigentes empresariales y representantes del sector agrario valenciano, pero advirtió de que «no dejarán de ser parches insuficientes si el conflicto se alarga». La organización valenciana cifra el impacto de la crisis energética en cuatro millones de euros de sobrecostes semanales para el sector, una cifra que considera insostenible en un contexto de rentabilidad que calificó de ya precaria antes del inicio del conflicto.
Críticas a Bruselas y al Gobierno
Aguado fue más allá de la valoración de las medidas y extendió su diagnóstico a la política agraria europea y nacional. Sobre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que actúa como «un enemigo del campo europeo» por impulsar el Pacto Verde y cerrar acuerdos comerciales con terceros países sin contar con el sector agrario. El dirigente valenciano reclamó una Ley de la Cadena Europea que evite abusos comerciales, una Marca de Producto Europeo, soluciones efectivas contra las plagas y el fin de la burocracia que pesa sobre las explotaciones.
Al Gobierno español le reprochó que no corrija sino que agrave la desconexión entre las políticas europeas y el campo, con especial perjuicio para la agricultura mediterránea. Aguado criticó el respaldo del Ejecutivo al Pacto Verde, al acuerdo con Mercosur y a una política hídrica que, a su juicio, rechaza las infraestructuras necesarias para almacenar agua y prevenir daños ante futuras riadas. A la Generalitat Valenciana le pidió doblar el presupuesto de Agricultura, al considerar que la falta de recursos impide revertir la dinámica de abandono pese a la buena labor que realiza en ámbitos como la lucha contra plagas, los seguros agrarios o la investigación.
La reconstrucción tras la DANA, pendiente al 30%
En referencia a los daños causados por la DANA, Aguado valoró el esfuerzo del Ministerio y la Conselleria de Agricultura en la reparación de infraestructuras, viveros y explotaciones, aunque estimó que aún queda en torno al 30% de los trabajos por concluir dada la magnitud de los daños. Lamentó además que el Ministerio para la Transición Ecológica no haya dado solución a los propietarios de parcelas situadas junto a cauces que quedaron arrasadas y van a pasar al Dominio Público Hidráulico sin recibir compensación alguna.
Pese al tono crítico, el presidente de AVA-ASAJA cerró su intervención con una valoración positiva de las perspectivas del sector si se abordan los retos pendientes: la profesionalización, la incorporación de nuevas tecnologías, el impulso de las interprofesionales y la diferenciación a través de marcas de calidad. «El campo valenciano sí tiene futuro, pero debemos conquistarlo», señaló Aguado.






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