El instituto de investigación francés prevé tener lista en un plazo de 18 a 36 meses una formulación que reduce los efectos secundarios e incluye un test diagnóstico para no paralizar las exportaciones de ganado.
El Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) está trabajando en una nueva vacuna para hacer frente a la dermatosis nodular contagiosa en el ganado bovino. La institución científica desarrolla este proyecto en colaboración con el sector privado y una unidad de investigación de enfermedades infecciosas con sede en Lyon, con el objetivo de ofrecer una solución que responda a los desafíos comerciales y sanitarios de los ganaderos europeos.
La principal novedad de esta formulación es que se combinará con una prueba diagnóstica capaz de distinguir si un animal está vacunado o infectado por la enfermedad. Según explica la entidad, la imposibilidad actual de diferenciar ambos estados es el mayor obstáculo para las campañas de inmunización, ya que paraliza la circulación de los animales y bloquea las exportaciones. Con esta nueva herramienta, el sector espera reactivar los mercados internacionales y limitar las consecuencias económicas para las granjas.
El proceso combina ensayos experimentales y modelos epidemiológicos para calibrar los protocolos de uso en campo. La previsión es que la vacuna candidata pueda estar disponible en un plazo de entre 18 a 36 meses , dependiendo de los resultados provisionales y de las aprobaciones regulatorias.
Alternativas al vacío sanitario
En paralelo al desarrollo clínico, el Ministerio de Agricultura francés ha encargado al CIRAD un informe técnico sobre la gestión de los rebaños afectados. El objetivo es evaluar la viabilidad de aplicar sacrificios selectivos en casos de inmunidad parcial, evitando así la obligatoriedad del vaciado sanitario total de la explotación.
Está previsto que este documento se publique en junio de este mismo año y proponga distintos escenarios basados en modelos de riesgo. Sus conclusiones servirán de base para que el Gobierno galo plantee posibles ajustes normativos ante la Comisión Europea.
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