Cerca de un tercio de la población de la UE vive en regiones donde la renta por habitante no llega al 75% de la media europea. Con ese diagnóstico sobre la mesa, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública para recabar la opinión de ciudadanos y organizaciones antes de diseñar una nueva iniciativa de cohesión territorial centrada en frenar el vaciamiento de las zonas rurales, de montaña, insulares y fronterizas.
La iniciativa adoptará la forma de una Comunicación de la Comisión y no creará nuevos instrumentos de financiación por sí misma, aunque sí orientará la programación y ejecución de los fondos europeos existentes. Su eje central es el llamado «derecho de permanencia»: la idea de que un ciudadano europeo no debería verse obligado a abandonar su lugar de origen por falta de oportunidades. Para garantizarlo, Bruselas considera necesario combinar inversiones en empleo, infraestructuras, servicios públicos y conectividad con un enfoque adaptado a cada territorio.
El círculo vicioso del mundo rural
El documento de la Comisión describe con detalle el mecanismo que arrastra a estas regiones hacia el declive: la escasez de empleo de calidad reduce el acceso a servicios esenciales —sanidad, educación, transporte—, lo que empuja a los habitantes, sobre todo a los jóvenes, a marcharse. La salida de población agrava la situación económica de partida, haciendo cada vez más difícil cualquier recuperación. Si no se actúa, advierte el organismo europeo, estas dinámicas pueden generar lo que el informe Letta denominó «una nueva geografía del descontento».
Entre los territorios más expuestos a este riesgo, la Comisión señala expresamente las regiones rurales y remotas, las islas, las zonas de montaña y las regiones fronterizas interiores, todas ellas con amplia presencia en España. El documento también menciona las regiones orientales fronterizas con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, aunque ese foco geopolítico es periférico respecto al grueso de la iniciativa, que apunta al conjunto del mundo rural europeo.
Los ciudadanos y organizaciones interesados pueden presentar sus aportaciones a través del portal de consultas públicas de la Comisión Europea en cualquiera de las veinticuatro lenguas oficiales de la UE. La consulta se complementará con un Eurobarómetro específico sobre el derecho de permanencia para conocer qué factores condicionan las decisiones de las personas de quedarse en su región.
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