El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido ante el Congreso la necesidad de preservar una Política Agraria Común con entidad propia y financiación adecuada dentro del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE para el periodo 2028-2034. El ministro ha respondido así a dos interpelaciones parlamentarias en las que ha expuesto la posición que España trasladará a Bruselas en las negociaciones en curso.

Un «error de enfoque fundamental»
Planas ha calificado de «error de enfoque fundamental» la propuesta actual de la Comisión Europea y ha advertido de que cualquier avance hacia una renacionalización de la política agraria podría generar desequilibrios entre los Estados miembros. El ministerio defiende la PAC como uno de los principales instrumentos de cohesión, estabilidad y modernización de la Unión Europea, y como política plenamente vigente para responder a los retos actuales del sector.
Una posición respaldada por consenso interno
El ministro ha subrayado el amplio respaldo con el que España llega a la negociación: un acuerdo unánime con las 17 comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y las cooperativas. «Cuando defendemos los intereses nacionales de España, mantener una posición unida es el mejor instrumento para lograr el mejor resultado posible», ha señalado Planas.
El Gobierno ha propuesto además destinar hasta un 10% de los fondos de la futura PAC a favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres al sector primario, una medida que el ministerio enmarca no solo en términos de rentabilidad sino también de reputación social de la actividad agraria y ganadera.
Planas ha respaldado su posición con los datos del sector agroalimentario español en 2025: cerca del 9% del PIB nacional, más de 1,3 millones de empleos y exportaciones por valor de 78.044 M€. La renta agraria creció un 8,9% hasta los 39.798 M€, y las subvenciones a los seguros agrarios han aumentado un 50% desde 2018, hasta alcanzar los 315 M€.
En relación con el acuerdo entre la UE y Mercosur, el ministro ha asegurado que los controles comunitarios garantizan el cumplimiento de los estándares europeos, que ha calificado de «no negociables», y ha citado el reciente veto unánime de la UE a las exportaciones cárnicas de Brasil como ejemplo de la eficacia de las salvaguardias vigentes.






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