La organización agraria rechaza el borrador de la Presidencia chipriota para el periodo 2028-2034, que contempla una pérdida del 5 % del valor real de los fondos, y exige a España que impida la dilución de las ayudas en un fondo único.

Coincidiendo con la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que arranca hoy para debatir el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, ASAJA ha advertido sobre las carencias del documento base de la negociación. La entidad considera que la propuesta actual amenaza directamente el futuro de la Política Agraria Común (PAC).
Aunque el texto mantiene el carácter específico de la política agraria e incluye una cláusula de seguridad para los pagos directos, la organización calcula que el presupuesto perderá en torno a un 5 % de su valor real. Además, señalan que continúan en el aire cuestiones clave como la actualización conforme a la inflación, los niveles de cofinanciación de los Estados y la flexibilidad entre los distintos fondos.
Para el colectivo, resulta inasumible que Bruselas incremente los requisitos medioambientales y la carga burocrática sobre los profesionales mientras reduce los recursos económicos. En esta línea, denuncian la creciente brecha entre los grandes objetivos de seguridad alimentaria y autonomía estratégica fijados por la UE y el presupuesto real destinado a materializarlos.
El riesgo de la dilución financiera
Dentro del rediseño de la arquitectura comunitaria, la organización ha valorado de forma positiva el rechazo inicial de España a integrar la PAC en los nuevos Planes Nacionales y Regionales de Colaboración (NRPP). El objetivo del sector es evitar que las partidas agrarias queden diluidas dentro de un fondo presupuestario único, por lo que reclaman al Ejecutivo que mantenga sin fisuras esta postura durante los próximos meses.
Ante este escenario, avalado por el rechazo a la propuesta chipriota que ya mostró el Parlamento Europeo el pasado martes, ASAJA demanda un papel de liderazgo en Bruselas al presidente del Gobierno. Insisten en que, como potencia agraria y gran beneficiaria de la PAC, España debe situarse en primera línea negociadora para garantizar una financiación suficiente y acorde a la realidad del campo.






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