El Ministerio de Agricultura ha distribuido entre las comunidades autónomas la resolución que asigna las nuevas autorizaciones de plantación de viñedo para este año. Las administraciones regionales tienen hasta el 1 de agosto para comunicar la resolución a los beneficiarios.
La superficie total se ha repartido atendiendo a los siete grupos de prioridad establecidos. Los jóvenes viticultores y las explotaciones de pequeño y mediano tamaño han obtenido el 100 % de la superficie admisible solicitada, al igual que aquellos viticultores sin viñedo ilegal ni abandonado que han cumplido con el régimen de autorizaciones. Para los solicitantes sin criterio de prioridad, la concesión alcanza el 37,4 % de la superficie admisible.
El grueso, para pequeñas y medianas explotaciones
Por perfil de beneficiario, el 55,7 % de la superficie concedida corresponde a viticultores con pequeña y mediana explotación; dentro de este grupo, el 16,4 % son jóvenes. El 3,9 % restante se destina a jóvenes que se incorporan por primera vez al sector vitivinícola.
Las 903 hectáreas autorizadas se extraen de un volumen inicial de 1.584 hectáreas solicitadas. Tras aplicar los criterios de admisibilidad y el límite máximo de 5 hectáreas por solicitante, la cifra quedó reducida a 1.290 hectáreas elegibles.
Castilla–La Mancha, a la cabeza del reparto
Por comunidades autónomas, Castilla–La Mancha concentra la mayor parte de las nuevas plantaciones, con 653 hectáreas. Le siguen Cataluña, con 67 hectáreas, y Extremadura, con 38 hectáreas.
La demanda de nuevas autorizaciones sigue contrayéndose: la superficie total solicitada en 2026 es un 7,2 % inferior a la de 2025, año en que ya había retrocedido un 9,5 % respecto a 2024.
El cupo de 903 hectáreas responde al límite anual fijado en el 0,1 % de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2025, en línea con la recomendación de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE). Este régimen de autorizaciones, vigente desde el 1 de enero de 2016, sustituyó al antiguo sistema de derechos de plantación y permite un crecimiento controlado del potencial productivo conforme a la normativa comunitaria y nacional.
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