El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que prevé importar hasta 300.000 toneladas métricas de carne de vacuno en un plazo de 90 días, con el objetivo de aliviar los precios récord que registra la carne picada para el consumidor. Los países proveedores tendrían que vender la carne un 25% por debajo de los precios actuales del mercado. En el anuncio de la medida no se especificó cuales serían esos países proveedores.
La medida no ha sido bien acogida por los ganaderos estadounidenses, que consideran que la entrada de esa carne extranjera con un descuento del 25% por debajo de los precios de mercado perjudicará al sector ganadero del país.
Estados Unidos cuenta actualmente con el menor número de cabezas de ganado vacuno para carne en más de 50 años, una situación que las organizaciones agrarias del país atribuyen a dos factores principales: la sequía y el encarecimiento de los costes de producción. Según estas organizaciones, los ganaderos de vacas nodrizas alcanzaron en 2025 un máximo histórico de 1.762 dólares de coste por cabeza, y desde 2020 esos costes han aumentado más de 400 dólares por cabeza, casi un 30%.
Para tratar de responder a las críticas del sector, Trump ha reconocido la presión que ejerce la industria cárnica sobre los ganaderos, un mercado concentrado básicamente en cuatro empresas, algunas de ellas radicadas fuera de Estados Unidos. Frente a ese poder, el presidente ha anunciado en redes sociales que ha autorizado la redacción de documentos legales para otorgar a los ganaderos el derecho a procesar sus propios alimentos, una medida que ha calificado como un intento de romper lo que él mismo ha denominado un «monopolio pernicioso» en la industria cárnica. Trump no ha avanzado más detalles sobre cómo se articulará esta medida.
Meat Institute, organización que representa a los procesadores de carne, ha recordado que los ganaderos ya pueden optar por procesar animales bajo una exención especial o establecer sus propias instalaciones, inspeccionadas por las autoridades estatales o federales, para comercializar la carne. La organización advierte de que permitir la entrada al mercado de carne sin inspeccionar o con una inspección inadecuada pondría en riesgo a los consumidores y socavaría el sistema de seguridad alimentaria que protege a millones de estadounidenses.
En la misma línea, la Asociación de Ganaderos de Carne de EEUU considera que debilitar las normas federales de inspección de carne y seguridad alimentaria, como ha sugerido el presidente, no constituye una solución al problema de precios que atraviesa el sector.
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