La tramitación de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural avanza a buen ritmo para satisfacer la necesidad de una política de Estado para el 90% un territorio que sufre grandes problemas de despoblación. Hoy, la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen, previo a su debate en el pleno, con la única oposición de los diputados del PP (20 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones). Este proyecto cuenta ya con el respaldo de una asignación de 100 millones de euros para los Presupuestos Generales del Estado para 2008.
Isabel Salazar, ponente socialista, ha recalcado que la ley pretende “impulsar el desarrollo en las zonas rurales y, de manera prioritaria, las que padecen un mayor grado de atraso relativo, cualquiera que sea su localización dentro de España”. Los ejes del proyecto son la mejora de la situación socioeconómica de la población, la extensión de los servicios públicos, así como la calidad de los mismos, y la contribución a calidad ambiental y a la biodiversidad.
La diputada socialista ha descartado que la nueva norma suponga una invasión de la competencias propias de la comunidades autónomas ya que “establece los criterios de colaboración entre las distintas administraciones, con el fin de alcanzar una acción pública coordinada y complementaria que mejore la cohesión económica y social de los territorios”.
De hecho, el articulado dice expresamente que el Programa de desarrollo rural sostenible se elaborará en colaboración con las CCAA y que, con carácter previo, se someterá al Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural. Esta voluntad de implementar el consenso ha justificado una enmienda del PSOE, que se ha incorporado al dictamen, para integrar a la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por otra parte, el articulado define los perfiles del profesional de la agricultura, entre los que incluye a las entidades asociativas agrarias titulares de explotaciones, y habla la creación de empleo, de las prácticas innovadoras en materia ambiental y del turismo ecológico, con el corolario de prestar una atención específica a las mujeres, los jóvenes, los mayores y las personas con discapacidad.
Madrid, 26 de septiembre de 2007
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