APAG EXTREMADURA ASAJA califica de “traición a los viticultores” la aprobación en el último Consejo de Ministros del pasado viernes día 18, a sólo dos jornadas de la celebración de las elecciones, del decreto de inversiones para el sector vitivinícola.
Hay que recordar que tanto las organizaciones agrarias como la Consejería de Agricultura del Gobierno de Extremadura habían solicitado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y a la ministra Rosa Aguilar, que el dinero previsto para esta inversión –que asciende a 56 millones de euros- se dedicara de forma íntegra a la reestructuración de viñedos.
Se pretendía así que este gran montante económico no se dilapidara, como se ha hecho finalmente, al otorgarse este dinero para sufragar el coste de aperturas de oficinas comerciales en países de la Unión Europea, sin incluir a España, o a desarrollar canales de distribución, cuestiones que en estos momentos no son prioritarias para el sector, que pasa por el peor momento, principalmente para los viticultores, que están vendiendo su uva por debajo de su coste de producción.
Nuestra organización profesional agraria cree “incomprensible” y “absolutamente desafortunada” esta decisión de un gobierno ya amortizado, que dilapida un montante económico importantísimo que hubiera supuesto una ayuda clave para la modernización del sector vitivinícola en España y sobre todo en Extremadura, donde hay varios planes con ese objetivo que no ven la luz por falta de financiación.
Lo hace además el gobierno de Zapatero, añade APAG EXTREMADURA ASAJA, con un enorme atrevimiento, al estar en funciones, y otorgar 56 millones de euros al sector industrial para financiar proyectos ya realizados y ejecutados, un dinero que procede de las fichas presupuestarias de la OCM del vino.
Por último, esta organización profesional agraria insta al nuevo gobierno salido de las urnas, y en concreto a los responsables que se formen en el Ministerio de Agricultura, a revisar este decreto, aprobado a hurtadillas y a última hor,a con el objetivo de que no se llegue a aplicar por ser muy lesivo para los intereses de los agricultores españoles, tal y como explicitaron en su día todas las comunidades autónomas, que expresaron su oposición a que este documento se terminara publicando, como inexplicablemente ha ocurrido.
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