La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) participó ayer en la rueda de prensa impulsada por el eurodiputado José Bové en la que las organizaciones representativas de los productores de frutas y hortalizas españoles han mostrado su rechazo a la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos. En la misma, se ha contado con la presencia de la organización agraria francesa FNSEA, en representación de los intereses de los productos galos de frutas y hortalizas, el eurodiputado del grupo socialista Vicent Garcés, el Coordinador General de Izquierda Unida, Cayo Lara, y la diputada en el Congreso de ICV, Laia. El Partido Popular no ha podido acudir por problemas de agenda de sus representantes pero José Bové ha trasladado el rechazo de los mismos a los actuales términos del acuerdo.
El eurodiputado francés, José Bové, ha explicado los argumentos que recoge el informe que ha elaborado para la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y por los que se concluye que no se puede ratificar el acuerdo entre la UE y el país alauita. Bové ha dicho que la UE debe ser coherente y no ratificar un acuerdo que no beneficia a los agricultores europeos ni a los marroquís. “Quien más se ha lucrado con el acuerdo han sido tres grandes empresas, las franco-marroquíes Azura y Soprofel, y los Dominios Agrícolas, joya del emporio del rey de Marruecos. Entre las tres acaparan al menos el 70% de los beneficios de un convenio que Marruecos vende como vital para su agricultura”, ha afirmado el eurodiputado francés.
Por su parte, Miguel Blanco, portavoz de COAG en la rueda de prensa, ha agradecido el trabajo en Bruselas de José Bové en defensa de los intereses del modelo social de agricultura europeo y, en especial, los esfuerzos realizados a través de su informe para convencer a los europarlamentarios de los dañinos efectos. En relación a ello, ha afirmado que no se puede ratificar un acuerdo que daña profundamente la economía de múltiples zonas de producción europeas. “El sector de frutas y hortalizas genera en España la mitad del empleo agrario, más de un tercio de la producción final agraria y un importante peso en la balanza comercial. En estos tiempos de crisis y paro, problemas especialmente graves en muchas zonas de producción, la renovación del acuerdo supondría un duro mazazo a la economía y al empleo. Sólo el aumento del contingente de tomate supondría una pérdida de 350.000 jornales anuales en España”, ha afirmado.
Asimismo, Blanco ha mantenido que es inadmisible dar luz verde a un nuevo acuerdo cuando el actual no se cumple. “El control del fraude en las aduanas de la UE es prácticamente inexistente y se ve favorecido por una normativa débil y hecha a medida de aquellos que quieren evadir el pago de tasas. Se han de establecer los mecanismos pertinentes y mejorar los existentes, para que se respeten las cuantías aduaneras establecidas y el cumplimiento de los contingente”.
Por último, el representante de COAG ha recordado que no se puede ratificar un acuerdo que incumple la legalidad internacional. La legalidad del acuerdo suscita dudas a los propios servicios jurídicos del Parlamento Europeo al incluir a los territorios del Sahara Occidental, zona sobre la que la ONU no reconoce la soberanía del reino alauita. Para que fuera legal, esta mayor liberalización debería estar en línea con los deseos e intereses de la población del Sáhara Occidental y beneficiar realmente a la población local, cuestiones que no han sido clarificadas.
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