La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha anunciado que solicitará formalmente al Ministerio de Agricultura la retirada de la obligatoriedad de implantar crotales electrónicos en las explotaciones de vacuno a partir del 30 de junio, tal como establece el artículo 5 del Real Decreto 787/2023. La petición se dirigirá mediante carta al director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal.
Desde la organización agraria consideran que esta exigencia no tiene respaldo en la normativa comunitaria y supone un perjuicio claro para las explotaciones, especialmente en el medio rural. COAG argumenta que la trazabilidad del ganado ya está garantizada mediante el sistema de identificación convencional y que imponer la electrónica sin una digitalización previa de toda la cadena ganadera es precipitado y contraproducente.
En este sentido, COAG recuerda que el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 no establece la identificación electrónica como obligatoria a escala europea, y que sólo cinco Estados miembros la han implantado de forma generalizada. Para la organización, el caso español representa un exceso normativo que se aleja de las verdaderas exigencias de Bruselas y que impone cargas innecesarias a los ganaderos.
Entre los problemas concretos señalados, destacan el encarecimiento del sistema de identificación por el mayor coste de los crotales electrónicos y sus duplicados, la paralización de movimientos de animales que pierdan uno de estos dispositivos y la pérdida de competitividad frente a animales importados que no están sujetos a esta exigencia. Además, advierten que la medida incrementa la burocracia y la dependencia tecnológica sin aportar garantías adicionales al sistema actual.
COAG considera imprescindible abordar primero la digitalización integral del sector, desde la explotación hasta los mataderos y las oficinas veterinarias, antes de imponer cambios de esta magnitud. Según han señalado, no se trata de rechazar el avance tecnológico, sino de evitar una transición mal planificada, sin consenso y ajena a la realidad diaria de las explotaciones.
La organización reitera su disposición a mantener un diálogo con el Ministerio, pero condiciona cualquier avance a la retirada de esta obligación, apelando al principio de proporcionalidad que rige en la normativa europea. COAG también ha denunciado la contradicción entre el discurso del Ministerio en foros sobre ganadería extensiva y las decisiones que impone sin consulta previa, exigiendo coherencia en las políticas ganaderas.
Ayer publicamos en Agrodigital, la petición de ASAJA en el mismo sentido
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