En la última década, los fondos de inversión han intensificado su presencia en el campo español, con especial incidencia en el olivar. Así lo recoge un informe publicado por Greenpeace, que advierte de una creciente concentración de tierras, agua y ayudas públicas en manos de grandes capitales y de una transformación del modelo productivo tradicional hacia sistemas superintensivos.
La organización enmarca este proceso en una tendencia global. Según los datos que recoge, el número de fondos de inversión especializados en agricultura a nivel mundial ha pasado de 41 en 2015 a 1.000 en 2025. Además, señala que las inversiones del denominado “agribusiness” habrían pasado de 800M€ en 2021 a 2.200M€ en 2023, lo que supone, según expone, que se han triplicado en apenas dos años.
En el caso del olivar, el informe sostiene que estos movimientos están elevando el precio de la tierra y dificultando el acceso de pequeños y medianos agricultores. Greenpeace apunta a que en determinadas comarcas de Sevilla el precio del suelo agrícola ha aumentado un 24,6% en cuatro años, un fenómeno que vincula a la entrada de capital financiero en el sector.
Todo ello se produce, según recuerda la organización, en un contexto en el que alrededor del 70% del olivar sigue siendo tradicional y sustenta a miles de familias. Frente a ese peso histórico, el informe señala una expansión del olivar superintensivo, caracterizado por mayores densidades de plantación y elevada mecanización, que estaría siendo impulsado por grandes estructuras empresariales.
Uno de los ejes del documento es la distribución de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Según los datos analizados por la organización, el 0,08% de los beneficiarios concentra casi el 10% de las ayudas, mientras la mayoría percibe en torno a 5.000€ anuales. A su juicio, este reparto favorecería a grandes holdings y fondos frente a explotaciones familiares que dependen de esos ingresos para mantener su actividad.
Agua, empleo y presión ambiental
El informe vincula esta evolución con un uso más intensivo de recursos en un escenario marcado por sequías recurrentes. La organización sostiene que el modelo superintensivo implica mayores necesidades de agua, fertilizantes y plaguicidas, lo que aumentaría la presión sobre los recursos hídricos y la biodiversidad.
En paralelo, apunta a que la mecanización asociada a estos sistemas reduce la demanda de mano de obra, en un contexto en el que el empleo agrario andaluz ha descendido en las últimas décadas. Para Greenpeace, el riesgo es que el campo priorice la rentabilidad financiera frente a su función social y alimentaria.
Propuestas para la nueva PAC y la gestión del agua
Ante este escenario, la organización plantea cambios normativos para limitar lo que denomina acaparamiento de tierras, aguas y ayudas públicas.
En el ámbito de la PAC, propone excluir a fondos de inversión y grandes holdings empresariales de las ayudas, establecer límites máximos por beneficiario, reforzar la condicionalidad social y ambiental y destinar al menos el 50% del presupuesto de la nueva PAC a acción climática y ambiental. También reclama mayor transparencia para evitar la fragmentación de ayudas a través de filiales.
En materia de tierra, plantea regular el mercado para frenar procesos de concentración y facilitar el relevo generacional, apoyando la agricultura familiar y modelos agroecológicos que mantengan empleo rural.
Respecto al agua, aboga por revisar los Planes Hidrológicos, crear Bancos Públicos de Agua que eviten mercados privados y auditar concesiones históricas transformadas sin control.
La organización ha iniciado una campaña pública en la que llama a defender un modelo de campo que considera socialmente justo y ambientalmente sostenible, con un reparto equitativo de recursos y ayudas públicas.
Mucho cuidado con relacionar la presión medioambiental, y social, de la producción de determinados cultivos con la propiedad de las fincas y, además aderezarlo con las subvenciones, es muy peligroso.
Un olivar o un pistachero o un almendro superintensivo hace la misma presión ambiental si lo planta Antonio González que si lo planta los Alba o el Banco de Santander.
Está más que demostrado que cuanto más se profesionaliza un cultivo menos agua gasta, menos fitos gasta ….. y más sostenible es.
Otra cosa es hablar del modelo de agricultura que queremos en este país, que es un tema incómodo para muchas administraciones y para casi todas las OPAS. Ojo con dejar a los fundamentaliestas/medioambientalistas la iniciativa en estos temas que son muy peligrosos.