El Gobierno de Cantabria ha activado la declaración de emergencia cinegética temporal en los municipios de Cabezón de Liébana, Pesaguero, Ribamontán al Mar, Val de San Vicente y Vega de Liébana. Esta medida excepcional, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), busca atajar el crecimiento descontrolado de la especie, que en los últimos años ha multiplicado los daños en explotaciones agrarias, los accidentes de tráfico y el riesgo de transmisión de enfermedades ganaderas.
La resolución, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, responde a una situación de sobreabundancia favorecida por la alta capacidad reproductiva del animal y el abandono del entorno rural. Según ha detallado la Consejería de Desarrollo Rural, el incremento de ejemplares supone un vector potencial de patologías graves como la tuberculosis, la brucelosis o la peste porcina africana, lo que representa una amenaza directa para la sanidad de la cabaña ganadera cántabra.
Para intensificar la presión sobre la población de jabalí, el Ejecutivo ha autorizado un aumento del 50% en el número de batidas permitidas y ha eliminado los cupos de captura durante la actividad cinegética ordinaria. Además, se simplificarán los trámites para las autorizaciones de control solicitadas por cotos de caza y entidades locales, agilizando la respuesta ante la presencia de ejemplares en zonas críticas.
Entre las medidas extraordinarias destaca la autorización de controles poblacionales fuera de la temporada de caza y el uso de dispositivos tecnológicos hasta ahora restringidos, como visores nocturnos y detectores de presencia. En entornos urbanos o zonas donde la caza convencional no sea viable por seguridad, serán los Agentes del Medio Natural quienes refuercen las actuaciones directas de captura y control.
La normativa también permite la práctica de aguardos, esperas y el uso de jaulas trampa bajo condiciones específicas. Asimismo, queda terminantemente prohibida la tenencia de jabalíes vivos o sus híbridos en los municipios afectados, obligando al sacrificio de cualquier ejemplar que contara con autorizaciones previas.
Desde la Consejería se ha subrayado que esta decisión se alinea con el Plan Nacional de Gestión de Poblaciones de Jabalíes impulsado por el Ministerio de Agricultura. El objetivo final es dotar de herramientas eficaces a cazadores y agentes para proteger al sector primario y garantizar la seguridad vial en las carreteras de la comunidad.
El Gobierno autonómico ha advertido de que mantendrá un seguimiento constante sobre la evolución de la especie en el territorio. En caso de que las circunstancias actuales persistan o se agraven, el Ejecutivo no descarta prorrogar la vigencia de la resolución o ampliar el número de municipios incluidos en esta declaración de emergencia.
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