La confirmación oficial del virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos (CYVCV) en la Comunitat Valenciana ha desencadenado una respuesta conjunta del sector. La Unió Llauradora y ASAJA Alicante exigen a la Conselleria de Agricultura compensaciones para los productores afectados e investigación sobre el origen del brote, que apunta a plantones comercializados con el patógeno ya presente.
La resolución del 21 de abril de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera declara oficialmente la presencia del Potexvirus citriflavivenae en la Comunitat y establece medidas obligatorias de erradicación y control, especialmente en las comarcas del Baix Vinalopó y la Vega Baja. La norma obliga a la destrucción total de los árboles en parcelas declaradas infectadas en un plazo máximo de quince días, bajo supervisión administrativa. Hasta la fecha se han confirmado 22 casos positivos en el conjunto de la Comunitat, según La Unió Llauradora. ASAJA Alicante, por su parte, ha detectado el virus en siete parcelas de reciente plantación en la provincia.
El patógeno afecta principalmente a limonero, lima y naranjo amargo, con síntomas visibles como amarilleamiento de nervaduras, deformación del fruto y pérdida de calibre. El naranjo y el mandarino clementino —los cultivos de mayor superficie en la Comunitat— pueden actuar como portadores sin mostrar síntomas, lo que dificulta la detección y amplía el riesgo de propagación. Según ASAJA Alicante, el origen del problema estaría en viveros que comercializaron plantones ya infectados en 2024 y 2025, lo que apunta a un fallo en los sistemas de supervisión previos a la distribución.
Lo que reclama La Unió Llauradora
La organización ha solicitado a la Conselleria que habilite con carácter urgente y mediante procedimientos simplificados una línea de ayudas específica que cubra de forma integral las pérdidas derivadas de las medidas obligatorias. Las compensaciones reclamadas incluyen la indemnización por el valor de las plantaciones destruidas, la compensación por pérdida de renta durante el periodo improductivo hasta la nueva entrada en producción, ayudas a la replantación —material vegetal y costes asociados— y el coste de las tareas de arranque y eliminación de árboles, en caso de que la Administración no las asuma directamente.
La Unió considera que la resolución fitosanitaria adoptada es coherente con la necesidad de contener una plaga emergente, pero entiende que el coste de una actuación de interés público general no puede recaer exclusivamente sobre los productores. La entidad advierte de que trasladar íntegramente ese impacto a los citricultores afectados no solo genera una situación de agravio, sino que puede comprometer la colaboración del sector en la aplicación eficaz de las medidas. Reclama también mayor inversión en investigación sobre patrones tolerantes —con prioridad en limonero— y señala que el IVIA debe reforzar su capacidad como centro de referencia.
Lo que exige ASAJA Alicante
ASAJA Alicante exige inspecciones contundentes en el material vegetal y considera que la Conselleria ha reaccionado demasiado tarde ante una amenaza que, a su juicio, podría haberse contenido en origen. Aunque valora las medidas anunciadas —arranque de parcelas y futuras indemnizaciones—, advierte de que no serán suficientes si no van acompañadas de rapidez y garantías para los afectados.
La organización subraya que la propagación del virus tiene alcance nacional: plantones infectados procedentes de Cataluña habrían llegado a todas las zonas citrícolas del país, incluidas Murcia y Andalucía. Por ello, reclama coordinación entre las distintas comunidades autónomas y exige que el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura asuma sus responsabilidades. La entidad señala que el agricultor vuelve a cargar con las consecuencias de errores ajenos, sumando esta amenaza fitosanitaria a los elevados costes de producción, la presión burocrática y la incertidumbre general que atraviesa el sector.
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