La agricultura de cultivos extensivos en Francia atraviesa una de sus peores rachas económicas, acumulando tres años consecutivos de rentabilidad negativa. Las principales organizaciones sectoriales, que representan a los productores de trigo, de maíz, de proteaginosas y oleaginosas, de remolacha y de patata, alertan del fuerte impacto de los costes de producción y califican de insuficientes las recientes medidas financieras propuestas por el Gobierno galo para oxigenar las explotaciones.

Durante el reciente congreso de productores de cereales celebrado en Nancy, el presidente de la Asociación General de Productores de Trigo (AGPB), Eric Thirouin, dibujó un escenario crítico para el sector. El representante agrario advirtió que la pérdida de liquidez se prolongará probablemente por un cuarto año consecutivo, una situación que se suma a la desaparición de casi 900.000 hectáreas de tierra cultivable en el país durante la última década.
El principal factor que lastra las cuentas de los agricultores es el repunte sostenido de los insumos básicos. Según los datos aportados por las agrupaciones sectoriales, el precio del gasóleo agrícola ha registrado un incremento del 100 % en apenas tres semanas. Paralelamente, los fertilizantes acumulan un encarecimiento del 80 % en los últimos dos años, impulsado en parte por la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (MACF) y por la inestabilidad en Oriente Medio.
El contraste con los rescates europeos
Ante esta coyuntura, las organizaciones especializadas en cultivos extensivos —AGPB, AGPM, CGB, FOP y UNPT— han criticado con dureza la respuesta del Ministerio de Agricultura. Las entidades contrastan los planes de apoyo directo aprobados por países como España, dotado con 552 M€, o Grecia, con 300 M€, frente a la estrategia de la ministra Annie Genevard, basada principalmente en aplazamientos de cotizaciones a la Seguridad Social y préstamos a corto plazo.
Para los representantes agrarios, estas herramientas financieras solo contribuyen a incrementar el endeudamiento de los productores en lugar de aportar soluciones de fondo. Asimismo, restan eficacia al anunciado plan de choque para los fertilizantes, al considerar que se trata de un debate que lleva años sobre la mesa sin concretarse en acciones que frenen la pérdida de márgenes.
Frente a las actuales propuestas del proyecto de ley agrícola de emergencia, el colectivo exige la supresión de tasas impositivas y la implementación de un plan de rescate que no se limite a moratorias. Las asociaciones advierten de que recuperar la viabilidad económica de las fincas resulta indispensable para garantizar los volúmenes de cosecha nacional y la seguridad alimentaria a medio plazo.






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