ASAJA Alicante ha manifestado su rechazo a los proyectos fotovoltaicos «La Balsa» y «La Cascada», impulsados por Chopo Desarrollos España S.L. en los municipios de Novelda, Monforte del Cid, Aspe y Agost. La organización alerta de que las instalaciones afectarían a 340 ha de regadío de uva de mesa en el Valle del Vinalopó y reclama que la transición energética no se ejecute sobre suelo agrícola productivo.

La entidad considera que existen alternativas viables —terrenos de secano, suelos forestales, espacios degradados o eriales— que permitirían compatibilizar las renovables con el mantenimiento de la actividad agraria. Para la organización, la pérdida de esa superficie supondría un daño irreparable para las explotaciones familiares de la comarca.
Una IGP en el punto de mira
Entre las principales preocupaciones figura el posible impacto sobre parcelas vinculadas a la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, un cultivo con indicación geográfica protegida que constituye uno de los principales motores económicos de la zona. La organización advierte de que la continuidad de este producto emblemático depende directamente de la preservación de su superficie agrícola.
En el plano jurídico, la asociación también cuestiona la tramitación de los proyectos. Señala que la división en dos instalaciones más pequeñas podría constituir un fraccionamiento artificial para eludir una evaluación ambiental más exigente, práctica que considera contraria a la legalidad vigente.
ASAJA Alicante anunció que se personará en el procedimiento administrativo y presentará dos borradores de alegaciones: uno de oposición a la autorización por ausencia de valoración del impacto agrario y falta de justificación de alternativas menos lesivas, y otro centrado en los problemas derivados del fraccionamiento en el estudio de impacto ambiental.
La organización celebró ayer una reunión informativa en la Casa de Cultura de Novelda, abierta a agricultores, propietarios y afectados, en la que participó su departamento jurídico. El encuentro sirvió para explicar el estado del procedimiento administrativo y coordinar una respuesta conjunta frente a los proyectos.
La entidad instó a los ayuntamientos afectados a ejercer un papel activo y a liderar una posición común en defensa del sector primario. En palabras de su secretario técnico, Ramón Espinosa, «estamos a favor de las renovables, pero no sobre suelo agrícola productivo de alto valor».





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