La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha lamentado su ausencia en la jornada organizada ayer por la Generalitat para debatir la creación de parques metropolitanos inundables en L’Horta Sud tras el paso de la DANA. La organización advierte de que el sector agrario asumirá las consecuencias de estas medidas sin haber sido consultado.
El encuentro, impulsado por el Comisionado para la Recuperación de la Comunitat Valenciana junto con varios colegios profesionales, abordó la regeneración territorial y la mitigación de riadas. Desde la entidad agraria señalan que resulta contradictorio marginar del debate a los propietarios de los terrenos que quedarían afectados por la planificación de estas zonas de contención, exigiendo a las autoridades autonómicas un diálogo real para consensuar las actuaciones.
El presidente de la asociación, Cristóbal Aguado, ha reclamado a las distintas administraciones que prioricen la ejecución de todas las infraestructuras hidráulicas pendientes antes de recurrir a los parques inundables. Según la agrupación, las obras de retención, almacenamiento y canalización rápida hacia el mar deben constituir la herramienta principal para evitar que las explotaciones agrícolas asuman el embalse del agua dirigida a proteger las áreas urbanas.
El riesgo para los cultivos leñosos
En el plano agronómico, AVA-ASAJA subraya que las inundaciones severas y prolongadas en estas parcelas asfixiarían las raíces de los cultivos leñosos predominantes en la zona. La pérdida de las plantaciones actuales supondría un lapso de entre ocho y diez años para que las fincas pudieran recuperar su potencial productivo, un escenario para el que, según denuncian, no se ha definido previamente ningún marco de compensaciones económicas.
Para ilustrar su rechazo a este tipo de planificación unilateral, los responsables de la organización recordaron los efectos de la implantación de la Ley de Protección de la Huerta de Valencia durante legislaturas pasadas. A su juicio, la normativa autonómica antepuso los criterios paisajísticos a los derechos de los productores, lo que derivó en una mayor desprotección del profesional, un incremento del abandono de parcelas y, en consecuencia, un empeoramiento del estado medioambiental del territorio.
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